Llueve en el sur. En la oscuridad del sendero y rodeado de una vegetación exuberante, un camión con acoplado, perteneciente a una de las empresas forestales que realizan faenas en la zona, avanza lentamente. De pronto, el conductor frena rápidamente. Un tronco de árbol impide el paso. Pocos segundos después, un grupo de unos 10 encapuchados, usando gorros pasamontañas, rodean el vehículo y obligan al asustado chófer a descender. Acto seguido, arrojan un artefacto incendiario a la carga, que es consumida por el fuego mientras a lo lejos el ulular de sirenas anuncia el pronto arribo de las fuerzas policiales que mantienen un férreo control al sur del Bío Bío. Los hombres desaparecen en la espesura no sin antes lanzar panfletos a favor de la autonomía de la Nación Mapuche y de la liberación del centenar de presos políticos pertenecientes a esa etnia recluidos en distintas cárceles chilenas. “¡Marichiweu”! –“100 años venceremos”, en lengua Mapundungún, exclama quien aparentemente es el líder del grupo.
Otra batalla silenciosa ha tenido lugar en el territorio ancestral que, según los Mapuches, pueblo originario de este país y de Argentina, les ha sido arrebatado por el “Winka” u hombre blanco, que no ha respetado acuerdos adoptados, a mediados del siglo 19, con la Corona Española, y que los sucesivos gobiernos locales han ignorado.
Sin embargo, este hecho pasa casi desapercibido para la mayoría de los 17 millones de habitantes de uno de los países con mayor índice de desarrollo humano y económico de América Latina: los medios de comunicación oficiales, incluyendo radio y televisión, no informan. Una suerte de cerco mediático se ha impuesto desde hace años en torno al conflicto que el actual gobierno de Sebastián Piñera heredó de su sucesora Michelle Bachelet, y ésta de los gobiernos anteriores.
Por estos días, cuando los interminables matinales de la televisión chilena, sus noticiarios, programas misceláneos y, en general, toda la prensa se encuentra hipnotizada con las peripecias de 33 mineros por sobrevivir a 700 metros bajo tierra, luego del derrumbe de una mina en las cercanías de Copiapó, norte del país, 32 comuneros mapuches, repartidos en cinco cárceles, cumplen 52 días en huelga de hambre. Los medios apenas consignan aquello.
En ese contexto, la red de información mapuche Mapuexpress, presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), acusando el silencio informativo guardado por los principales noticieros de la televisión frente a esa huelga de hambre que los presos políticos mapuches realizan desde el día 12 de julio.
Sergio Millamán, miembro del Equipo editorial de Mapuexpress, señala que “en ejercicio de la acción pública establecida en el artículo 40 bis de la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión, venimos en denunciar a los canales Televisión Nacional de Chile, Chilevisión, Megavisión y Canal 13 UC por infringir el artículo 1°, inciso final de la ley 18.838 en lo concerniente al deber de respeto al pluralismo y a la democracia, por los fundamentos de hecho y derecho que a continuación exponemos:
Que los noticieros Meganoticias (Megavisión) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas, Chilevisión Noticias (Chilevisión) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas, 24 horas (Televisión Nacional de Chile) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas; y Tele13 ( Canal 13 UC) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas omitieron informar acerca de la reunión sostenida entre la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y voceros de los 31 presos políticos mapuche en huelga de hambre desde el 12 de julio del año en curso, quienes pidieron a la Comisión que se derogue la ley antiterrorista que se aplica en la zona sur, así como el fin de la militarización de la Araucanía y apoyó el proyecto que modifica la justicia militar impidiendo el procesamiento de civiles, como es el caso de los comuneros enjuiciados.
Cerco mediático
Los diputados de esta Comisión se comprometieron a visitar las cinco cárceles y constatar la situación así como llamar la atención del Gobierno que se está cometiendo una violación sistemática de sus derechos, sobre la base de juicios ilegales con pruebas falsas y usando testigos protegidos para las condenas.
Durante la sesión se exhibió un video que demuestra que un testigo encubierto fue pagado para declarar en contra de un comunero, una práctica habitual del Ministerio Público para perseguir a los mapuches.
Asimismo, la Comisión resolvió modificar la ley antiterrorista, excluyendo los incendios, la asociación ilícita y la amenaza terrorista entre los delitos que contiene y también terminar con la aplicación de la justicia civil y la militar contra los comuneros en una suerte de dobles juicios como se realizan hasta ahora.
Esta reunión se realiza en el marco de las gestiones que los días 11 y 12 de agosto realizaron voceros y familiares de presos políticos Mapuche que desde el día 12 de julio iniciaron una huelga de hambre en los penales de Temuco y Concepción, a la cual se fueron sumando los presos políticos mapuche de las cárceles de Valdivia, Angol y Lebu, los cuales se encuentran en prisión preventiva, en el marco de procesos judiciales donde el Ministerio Público ha invocado la ley antiterrorista.
Los programas denunciados, omitieron de un modo absoluto la mención a la sesión indicada arriba. Este acontecimiento constituye un hecho noticioso pues representa la primera reacción institucional al prolongado ayuno de los presos mapuche. La medida de presión se enmarca en el contexto del conflicto que mantienen las comunidades mapuche con el Estado y las empresas forestales, denominado mediáticamente como “conflicto mapuche”.
La exclusión arbitraria de la pauta informativa del hecho descrito, constituye una abierta infracción a lo prescrito en el art. 1° de la ley 18.838, sobre el correcto funcionamiento de los servicios televisivos. En efecto, la ley define “correcto funcionamiento” como “el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación, a la dignidad de las personas, a la protección de la familia; al pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente; y, a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico.”
En general resulta esperable que los medios de comunicación otorguen una cobertura pluralista a aquellos temas que están presentes en la agenda pública. En particular, para las concesionarias de televisión, el principio del pluralismo se traduce en el deber jurídico de dar una cobertura a aquellos hechos relevantes socialmente, de un modo que permita a las audiencias estar bien informadas de los asuntos en debate.
La omisión motivo de esta denuncia, es arbitraria, es decir, no se funda en ningún criterio periodístico conocido que justifique negar el acceso a la información a las audiencias. Asimismo es preciso señalar que el silencio sobre un hecho que debió ser informado, constituye una negación radical del principio del pluralismo.
Sin perjuicio de ello, cabe consignar que las concesionarias denunciadas se han negado permanentemente en sus espacios informativos, a darle cobertura a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, no obstante que concurren elementos objetivos de relevancia, tales como el número de huelguistas, su duración, y las razones políticas que empujan dicho movimiento.
Desde esta perspectiva, el silenciamiento de un hecho social y político relevante por un canal de televisión, implica el establecimiento por la vía de los hechos de una severa limitación al derecho que le asiste a la comunidad de estar informada, deteriorando gravemente el sistema democrático.
Es un hecho público y notorio, que la mayoría de las personas se informa a través de los noticieros de las estaciones televisivas. La VI Encuesta Nacional de Televisión de 2008, elaborado por el Consejo que usted preside, arroja datos que ratifican esa realidad. El estudio concluye que un 74,7 % de los encuestados consume noticieros de televisión abierta “todos los días”. Asimismo, un 76% de los entrevistados declara consumir “todos los días” televisión abierta, opción que supera largamente a otros medios de comunicación como la radio e Internet.
Resulta pertinente citar este estudio ,el último realizado por el Consejo Nacional de Televisión, toda vez que la información contenida en él permite concluir que cuando las concesionarias de televisión recurren como práctica sistemática al silenciamiento de temas y actores, ello se traduce en que la mayor parte de los ciudadanos ignorará de modo absoluto hechos y procesos en desarrollo. De esta suerte, la televisión, en tanto medio de comunicación social, no sólo impide que los ciudadanos se formen una opinión acerca de las posiciones e intereses en juego, sino que además atenta contra el normal funcionamiento de un sistema que se pretende democrático.
El deber de eliminar todo tipo de prejuicios hacia los pueblos indígenas, es un deber tanto para el estado como la sociedad en general. Los medios de comunicación tienen un deber de respeto y de no discriminación hacia los pueblos indígenas, y la prohibición de difundir prejuicios contra los pueblos indígenas. El Estado a la vez es responsable de esta infracción al no sancionar la discriminación y difusión de prejuicios hacia los pueblos indígenas.
El no informar adecuadamente sobre el hecho en cuestión, y principalmente, el contenido de las demandas que reivindican los huelguistas, contribuyen a consolidar una visión sesgada de la sociedad hacia el pueblo mapuche, que finalmente se traduce en el fortalecimiento de prejuicio y una visión discriminatoria hacia el pueblo mapuche
Frente a la decisión de la corte de apelaciones de Concepción de acoger un recurso y dar lugar a la utilización de la fuerza por parte de gendarmería para inyectar por vía intravenosa a los Mapuche en huelga de hambre, los presos políticos Mapuche del Penal El Manzano aclaran que “frente a esta medida nos opondremos con todos los recursos a nuestro alcance tanto de tipo legal y de la resistencia corporal que podamos, aún a costa de exponer nuestras vidas si es necesario”.
Responsabilidad del gobierno de Michelle Bachelet
“Ningún gobierno –enfatiza el dirigente- ha querido abordar en serio nuestra demanda histórica y la solución más diplomática siempre ha sido la técnica del "parche" o arreglo temporal y la militarización de nuestro territorio. Las maniobras evasivas para seguir postergando el diálogo político lo único que hacen es comprimir más una situación que necesita de descompresión y que de no haberla significará la existencia de costos que ambos lados tendremos que enfrentar. Con esta acción de dignidad estamos llamando al gobierno a hacer uso del razonamiento, con esta huelga de hambre que es un componente más en esta "pacificación" nunca acabada (así como lo fueron hasta hace no mucho tiempo los "parlamentos" en territorio Mapuche) intentamos teñir con un poco de humanidad a un gobierno y un sistema que no la tienen”.
Efectivamente, el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma fue quien promovió esta estrategia bajo el gobierno de Bachelet, pese a las críticas y condenas de Naciones Unidas. "Parece haber un constante ciclo de violencia", denunció entonces el relator de Naciones Unidas para temas indígenas de Chile, James Anaya, sobre el conflicto que tiene una data histórica.
Los mapuches, procesados por una ley antiterrorista que prohíbe excarcelaciones durante la investigación y permite condenas dobles, exigen un juicio justo y denuncian montajes de policías y fiscales. "Nuestro cuerpo es lo último que nos queda para protestar", dijo el líder de los huelguistas, Héctor Llaitul, desde la cárcel de El Manzano en Los Angeles, al sur del país. El nudo del problema es que los mapuches consideran, en base a antiguos títulos derechos sobre unas tres millones de hectáreas que les pertenecen en el sur del país, zona agrícola, forestal y turística. La mayoría de esos predios son propiedad de firmas administradas por los principales grupos económicos del país, que controlan más de la mitad del producto interno bruto chileno.
La posibilidad de un acuerdo, jamás logrado en la historia independiente del país, enfrenta la dificultad de que la etnia mapuche está fragmentada en 2.200 comunidades, sin un líder común.
Y es que el conflicto en comento no es nada nuevo. No por nada, los primeros españoles que llegaron al territorio de La Araucanía debieron afrontar una dura resistencia que se prolongó por más de 3 siglos, y fieles a su nombre, estas “gentes de la tierra” (Mapu significa tierra y che, hombres, personas), han defendido tenazmente su espacio vital.
El acuerdo con la Corona Española al que hacen referencia hoy los líderes del movimiento Mapuche, tuvo lugar en 1865, según el cual se respetarían los límites desde el Bío Bío hacia el norte, aunque una vez conformada la República de Chile, su ejército continuó combatiendo a este pueblo originario.
Los Mapuche no se identifican ni con la cultura, ni la lengua, ni las tradiciones ni con la propia religión de los “chilenos”, ya que aquellos basan su creencia en la Cosmovisión, que es equivalente a la biblia para un cristiano.
La leyenda, entre los cerca de 800 mil mapuches que habitan en Chile, señala que su origen tuvo lugar hace miles de años, “cuando Cai-Cai, la poderosa serpiente de mar, ordenó a las aguas invadir la tierra, ocasión en que Tren-Tren, igual de poderosa serpiente de tierra, hizo crecer los cerros para proteger a los Mapuche. Los sobrevivientes al gran diluvio habrían repoblado la tierra, emergiendo entonces los Mapuche, quienes ocuparon el sur chileno” y parte de la vecina Argentina”.
Cuando Salvador Allende llegó a La Moneda, en 1970, legisló para que se restituyera a sus legítimos dueños las tierras usurpadas por latifundistas y hacendados, hecho que se revocó una vez derrocado Allende e impuesta la dictadura militar de Augusto Pinochet, en 1973. A medados de los años 80, el gobierno militar permitió la entrega de grandes extensiones de territorio en el sur a empresas forestales y compañías multinacionales dispuestas a explotar la madera y recursos naturales existentes así como la instalación de centrales hidroeléctricas, inundando valles y áreas agrícolas.
Desde hace una década, la lucha Mapuche se ha intensificado y ya cobró la vida de 3 “Weichafe” (guerreros indígenas), todos asesinados por fuerzas policiales que mantienen militarizada esa parte del país. La primera víctima fatal, en noviembre de 2002, fue Alex Lemún, abatido en las proximidades de la ciudad de Angol, a la edad de 17 años. En 2008, el también estudiante Matías Catrileo fue objeto de una persecusión por parte de Carabineros, durante una refriega. Murió a causa de un certero disparo en la cabeza y, en agosto recién pasado, fue el turno de otro joven Mapuche, Jaime Mendoza Collío. Por su parte, pese a manifestaciones y protestas cuya violencia ha ido en aumento, ningún civil o policía ha resultado muerto producto de ataques de la etnia.
Vasco y chilena acusados de terrorismo
Al respecto, uno de los “Werkenes” o voceros Mapuche, ha informado que las balas de la policía han herido de gravedad a niños y adultos durante allanamientos practicados frecuentemente a distintas comunidades.
Como una forma de mitigar el conflicto, el Estado ha adquirido, a muy alto precio, miles de hectáreas que estaban en manos de hacendados muy acaudalados, haciendo posteriormente entrega de una parte de esas tierras a comuneros Mapuche, quienes las reciben en calidad de “títulos de dominio privados”, lo cual es mal visto por las comunidades.
Cada cierto tiempo, las ciudades y pueblos del sur de Chile sirven de escenario para batallas campales entre jóvenes Weichafes y policías armados hasta los dientes. Los primeros utilizan sus tradicionales “chuecas” y boleadoras con las que arrojan piedras a los uniformados que responden con balines de goma y proyectiles de guerra, además de gas lacrimógeno..
Observadores internacionales, así como instituciones vinculadas a derechos humanos, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea, han elevado sus protestas en contra de los sucesivos gobiernos en Chile debido al asedio y hostigamiento permanentes de que son víctimas los Mapuche, situación que tiene escasa o nula difusión en el país, con excepción de medios de comunicación alternativos en el ciberespacio.
La documentalista chilena, Elena Varela, quien estuvo presa y luego fue absuelta de acusaciones de terrorismo, acusa que “el Estado oculta la verdad a los medios de comunicación extranjeros y tergiversa los hechos para mostrar un rostro amable a los inversionistas”, añadiendo que “en Chile el mestizaje es algo que solamente se utiliza en los textos escolares y en determinadas festividades donde se le rinde tributo al Mapuche, aunque en la realidad se les discrimina”.
Extranjeros que de una u otra forma han adherido a la causa Mapuche han sido expulsados del país o encarcelados, tal como el caso del escritor vasco Asel Luzarraga, que enfrenta un juicio por supuesta participación en atentados incendiarios en contra de empresas forestales.
El cerco mediático impuesto, e incrementado aún más con la tragedia minera en el norte, que ocupa todos los espacios de la prensa oficial, ha sido levemente resquebrajado con protestas de estudiantes, trabajadores y sindicatos, y el gobierno de Piñera, temeroso de que alguno de los huelguistas Mapuche fallezca durante el ayuno en alguna de las cárceles, ha optado por entablar una mesa de diálogo tendiente a terminar con la huelga de hambre.
Por su parte, las organizaciones Mapuche han exigido el término de la aplicación de la llamada Ley Antiterrotista y de la militarización de los territorios en conflicto, y han informado estar dispuestos a un diálogo sólo si el gobierno accede a deponer su actitud belicista.
La Ley Antiterrorista, legislación diseñada durante la dictadura militar para resguardar el orden interno, permite encarcelar por 10 o más años a cualquier ciudadano sobre el cual recaigan sospechas de actos que atenten contra la seguridad pública. El problema, según los afectados por esa legislación, es que se han comprobado montajes policiales, del Ministero Público y de fiscales militares para inculpar a comuneros inocentes, incluyendo niños, pues dos menores de edad se encuentran encarcelados en la comuna de Chol Chol, en el sur, sindicados como autores de incendios de carácter terrorista.
Bajo ese marco jurídico, familias enteras han debido soportar largas penas de presidio, como los integrantes de la familia Calfunao, detenidos en distintas cárceles desde 2006, y quienes se han convertido en símbolos de la lucha indígena por la autodeterminación.
Juana Calfunao, cuyo esposo e hijos purgan condenas en otros recintos, desafía a la autoridad vestida con su atuendo ancestral y exige la devolución de tierras para el Mapuche. “En Chile –dice- la democracia para nosotros sólo existe en el papel, y nosostros no tenemos nada que celebrar en este bicentenario de falsa independencia y de terrorismo de Estado”.
La resistencia Mapuche, en los últimos años, se ha reflejado, por ejemplo, en la quema de tractores, maquinaria agrícola y camiones de las empresas forestales afincadas en el sur, y también en un atentado de alta connotación pública, con escopeta, en contra de una caravana de automóviles donde se desplazaba un fiscal que lleva causas contra mapuches, policías y empresarios.
En Chile, cuyos índices de crecimiento económico y humano permitirán situarlo entre los países desarrollados, un 14 por ciento de su población de casi 17 millones de habitantes vive en la pobreza; la redistribución del ingreso es una de las más injustas del mundo y un puñado de familias es propietaria de grandes empresas.
La Constitución Política del Estado es, en gran medida, herencia de la era Pinochet, pese a maquillajes realizados durante los 20 años en que gobernó la Concertación de Partidos por la Democracia, derrotada en marzo último por la derecha neoliberal, hecho que desmotiva a una gran parte de la ciudadanía, en particular a la juventud, a desligarse de la política.
Un 30 por ciento de la etnia Mapuche ha emigrado del campo a la ciudad, huyendo de la miseria y la represión, para terminar viviendo hacinados en la periferia de Santiago, Concepción y otras urbes, donde sigue siendo discriminados y subsistiendo en condiciones precarias.
Los “Peñis” (hermanos), han comenzado a organizarse y el Mapudungún, su lengua ancestral, se oye cada vez más en las aulas universitarias, en los colectivos anarquistas o de izquierdas y entre los intelectuales que apoyan sus reivindicaciones, aunque esta lucha de siglos, como plantea José Bengoa, antropólogo, historiador y filósofo chileno, sea desigual pues plantea que “esta es una historia acerca de la intolerancia; acerca de una sociedad que no soporta la existencia de gente diferente. De un país español, criollo, europeo, cristiano occidental, que se dice civilizado y trata de acabar con los bárbaros, los salvajes, los hombres que deambulan libremente por las pampas y cordilleras del sur del Continente.
Ellos se defendieron del salvajismo civilizado; hicieron lo que pudieron, vivieron como mejor supieron, pelearon hasta el cansancio y terrminaron por morir y ser vencidos por el progreso”.
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