Operación Albania: Nadie está olvidado...

Alvaro Corbalán Castilla, jefe operativo de la siniestra CNI, se comunicó con su superior directo, el general Hugo Salas Wenzel, quien dirigía ese organismo creado por Augusto Pinochet Ugarte y sus cercanos, y ante quien respondía la unidad represora de la dictadura. ¿”Qué hacemos con ese asunto” –inquirió Corbalán por teléfono. Salas Wenzel se hallaba en el despacho de Pinochet y no dudó: “proceda”, fue la escueta respuesta.

El “asunto” era un grupo de 7 jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez detenidos previamente en distintos puntos de Santiago y que, tras haber sido torturados e interrogados, habían sido dejados prisioneros en el cuartel Borgoño, cuyo jefe máximo era el propio Corbalán Castilla, secundado por el capitán de Carabineros Iván Quiroz Ruiz.

En ese recinto militar se hallaban José Joaquín Valenzuela Levi, Esther Cabrera Hinojosa, Ricardo Silva Soto, Ricardo Rivera Silva, Manuel Valencia Calderón, Elizabeth Escobar Mondaca y Patricia Quiroz Nilo.

De ese modo, se iniciaba una masacre que los medios de comunicación de la época, en junio de 1987, encubrieron por años, y que costó la vida de 12 chilenos y chilenas, y que gracias al coraje de los familiares de las víctimas y del apoyo prestado por décadas por el abogado Nelson Caucoto, así como el trabajo de los magistrados Milton Juica y Hugo Dolmestch, la opinión pública conoció como “La matanza de Corpus Christi u Operación Albania”.

El proceso de aniquilamiento de opositores al gobierno de facto se había reforzado tras el intento fallido de ajusticiar al general Pinochet, en septiembre del año anterior, y centenares de agentes del régimen, entre los que se incluían carabineros, detectives, civiles y militares, intensificaron las acciones para detener a sospechosos de actividades contrarias a la Junta Militar.

Entre el 15 y el 16 de junio de 1987, y por espacio de 72 horas de terror, Patricio Acosta, Julio Guerra, Wilson Henríquez, Juan Henríquez, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi, , Esther Cabrera, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Manuel Rivera, Ricardo Silva e Ignacio Recaredo Valenzuela Pohorecky, fueron asesinados con más de 100 tiros, en acciones atribuidas a falsos enfrentamientos. Salvo en una ocasión, dónde sí hubo respuesta armada por parte de los frentistas.

En la calle Varas Mena 417, en Maipú, donde vivía Cecilia Valdés junto a su hijo de 2 años de edad, Juan Waldemar Henríquez y Wilson Henríquez Gallegos, ofrecieron dura resistencia permitiendo la huida de una decena de compañeros y compañeras que estaban en ese inmueble al llegar la CNI y un amplio operativo para allanar el lugar.

La mañana del 15 de junio, Ignacio RecaredoValenzuela había sido abatido en calle Alhué, comuna de Las Condes, a pasos de la casa de su madre. Sus victimarios le pusieron una granada junto al cuerpo, una vez acribillado a tiros, para que los diarios pudiesen fotografiar las “evidencias”.

Ese mismo día, Patricio Acosta Castro fue asesinado por el capitán Francisco Zúñiga y quienes le acompañaban, algunos de los cuales se dieron el tiempo de rematarlo en el suelo para posteriormente colocar junto al cadáver un gorro pasamontañas y un revólver.

En calle Varas Mena, en tanto, los primos Henríquez se habían parapetado en un techo desde donde repelían el ataque de los policías, agentes y militares, oportunidad en que Cecilia y otro grupo de frentistas logró escabullirse, siendo atrapados en casas vecinas y llevados a centros de tortura.

En un momento, el tejado cedió bajo los pies de Juan Waldemar Henríquez, quien cayó herido a un patio anexo, hasta donde llegaron los efectivos de la CNI disparándole más de 21 balazos.

En Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa, habitaba Julio Guerra Olivares, quien era intensamente buscado por los organismos de seguridad debido a su participación en el frustrado atentado contra el general Pinochet. Los vecinos del block 33, en el dúplex 213, sintieron un estruendo al filo de la medianoche: se produjo en el instante en que el agente de la CNI, Iván Cifuentes, forzó la puerta y lanzó hacia el interior del departamento una granada de humo. Acto seguido, un segundo represor, Fernando Burgos, provisto de una máscara antigas, ingresó a la vivienda. Julio Guerra se había refugiado en el baño para escapar del humo. Recibió 4 certeros impactos de bala. Su cadáver fue arrastrado hasta una escalera. Al momento de su muerte estaba desarmado.

Pasadas las 5 de la madrugada del día 16 de junio, quienes estaban en el cuartel Borgoño fueron conducidos vendados, descalzos y con sus manos atadas a la espalda, hasta la casa deshabitada ubicada en calle Pedro Donoso 582, comuna de Conchalí. El lugar había sido escogido previamente por el capitán Francisco Zúñiga quien, según declaró años después ante los jueces que llevaron la causa, recibió la orden de parte de Corbalán Castilla, el que a su vez la recibió de Salas Wenzel y éste… de Pinochet.

En sucesivas declaraciones ante la justicia, realizadas en 2006 y 2007, el sargento Iván Quiroz –uno de los responsables de reunir al grupo de oficiales que debían asesinar a los jóvenes- culpó a Zúñiga, quien sindicó a Corbalán Castilla que acusó a Salas Wenzel…

Apenas comenzó a aclarar, la casa de calle Pedro Donoso estaba rodeada por un centenar de agentes. En su interior, repartidos en distintas piezas, pasillos y la cocina, los militantes del Frente Patriótico permanecían con la vista vendada y las manos atadas. De pronto, se escuchó caer un pesado ladrillo sobre el techo: era la señal para que quienes estaban en el exterior comenzaran a gritar y dipasrar sus srmas al aire, simulando un enfrentamiento.

En cosa de minutos, nuevamente el silencio. Desde los siete cuerpos jóvenes inertes, corría sangre, mientras Corbalán Castilla y sus hombres montaban la escena a la espera de los periodistas, dejando cerca de los cadáveres armas recogidas el día anterior desde el cuartel Loyola.

Cuando un médico revisó el cuerpo del joven Ricardo Silva Soto, descubrió que las palmas de sus manos presentaban heridas de balas, en un vano e instintivo intento de protegerse de los disparos mientras yacía en el piso. Había recibido 10 tiros a quemarropa.

Aunque han transcurrido los años y solamente algunos de los responsables de esas ejecuciones sumarias pagan con cárcel sus crímenes, quienes conocimos a algunas de las víctimas y a sus familias sabemos del profundo dolor causado, por lo cual exigimos justicia pues nadie está olvidado.