Desde hace años, Estados Unidos de Norteamérica realiza esfuerzos por adelantarse a hechos que puedan amenazar la integridad de su país, de sus ciudadanos y ciudadanas, empresas y maquinaria de guerra, razón por la cual reorganizó a las agencias de inteligencia –secretas o públicas- e invirtió muchos recursos para mejorar la gestión que responde, prioritariamente, al presidente de esa nación.
Una de las características de ese nuevo tipo de mejoramiento de la seguridad interna/externa es la colaboración estrecha con países considerados “amigos” e infiltración en los “hostiles”. En ese sentido, Chile es un aliado para EE UU desde hace rato, hecho que se vio ratificado con el conflicto de Las Malvinas.
En días recientes, hemos visto cómo esa alianza e intercambio de información funciona: un joven pakistaní es detenido en dependencias de la embajada norteamericana acusado de llevar en sus ropas y teléfono celular restos de algún tipo de explosivo. El ciudadano extranjero –que perfecciona estudios en Chile- es entregado a la policía local y se le aplica la ley antiterrorista chilena y debe permanecer en calidad de detenido e incomunicado durante 5 días en una cárcel de alta seguridad. Una vez cumplido el plazo legal, es dejado en libertad pero con restricciones: no puede abandonar el país.
Algunos días más tarde, Muhammad Saif Ur Rehman es nuevamemte citado ante tribunales para continuar recluido en una cárcel pues, de acuerdo al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, es sospechoso no sólo de intentar algo mientras visitaba la embajada ya mencionada, sino también de mantener contacto con otros jóvenes chilenos sospechosos de haber efectuado atentados explosivos en Santiago. Ninguna de estas acusaciones ha sido probada.
La premura del ministro Hinzpeter, al parecer, tiene que ver más con una obediencia servil a las presiones de Estados Unidos que a la culpabilidad real de Muhammad Saif, pues no se ha logrado confirmar ninguna de las aseveraciones que se le atribuyen. En caso de que éstas se comprobasen, las pruebas deben ser irrefutables.
En ese contexto, creo pertinente que el gobierno y los tribunales de justicia deben resolver a la brevedad ese tema, que no sólo afecta a una familia extranjera sino también pone a Chile en la mira de fundamentalistas reales y peligrosos, pues el razonamiento común de ciertos grupos –no exclusivamente musulmanes- es que si determinado gobierno encarcela o persigue a uno de los suyos, los ciudadanos que eligieron a ese gobierno son igualmente responsables, por lo tanto, sindicados como potenciales enemigos.
Pienso, además, que Hinzpeter busca notoriedad internacional y hacer el papel del “good nigger” con la Casa Blanca, y que está consciente de la injusticia que se está cometiendo, sin evaluar efectos colaterales en nuestra política externa.
Lo que también llama profundamente la atención es el escaso compromiso de parte de organismos de derechos humanos, iglesias, Ong:s, agrupaciones de abogados y la sociedad civil, incluyendo a medios de comunicación, pues solamente un puñado de amigos y cercanos a Muhammad ha intentado apoyarle y reiteran su total inocencia. Chile no debe demostrarse solidario sólo en las catástrofes naturales, sino con más fuerza cuando el derecho individual, ciudadano, es pisoteado.
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