(In)Seguridad ciudadana, delincuencia y medidas preventivas/represivas, caballito de batalla de la derecha, del gobierno y, por cierto de ambas policías en Chile, demuestran que muchas veces se opta por buscar el camino más fácil en lugar del estudio a fondo y la búsqueda de soluciones más permanentes a ese problema que, sin duda existe, pero cuya magnitud es ampliada y utilizada políticamente por unos y otros.
Indices de victimización, proyectos de construcción de nuevos recintos penitenciarios, incremento de medios humanos y materiales para Carabineros y la Policía de Investigaciones, así como la instalación de cámaras de televigilancia en espacios públicos, son el tema favorito de la televisión basura y de los medios de comunicación en general.
No obstante lo anterior, estudios internacionales realizados recientemente en países europeos indican que la vigilancia digital sólo es efectiva, principalmente, en estacionamientos de grandes tiendas o almacenes, así como en las calles y avenidas para controlar el tránsito vehicular.
En Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, ambos países precursores en el uso de ese tipo de medios de control y vigilancia remota, se destinan millones de dólares en la puesta en funcionamiento de esos policías digitales, cuya labor es, según los respectivos gobiernos, prevenir hechos delictuales. En Inglaterra, de acuerdo a cifras entregadas hace unas semanas, existen 4,2 millones de cámaras, es decir, una cámara policial cada 14 habitantes, lo que implica que un inglés promedio es grabado alrededor de 300 veces por día.
En ese contexto, voces de alarma provenientes de organizaciones civiles han criticado el excesivo control de las rutinas de los ciudadanos británicos y norteamericanos, ya que es usual que tribunales utilicen las imágenes como medios de prueba, imágenes que pueden fácilmente ser manipuladas.
Sin ir más lejos, en Chile, durante la visita del Papa Juan Pablo II, algunos jóvenes fueron acusados de haber promovido incidentes en el Parque O^Higgins y, aunque su inocencia quedó demostrada mucho después -previa detención y flagelo de los presuntos implicados- los medios utilizados, principalmente televisión, sirvieron como "prueba". Las imágenes habían sido montadas a petición de organismos represivos de la dictadura.
En 2006, cuando los estudiantes se tomaron las calles del país para exigir una educación de calidad, debutaron las cámaras digitales en manos de carabineros y detectives, y las imágenes capturadas fueron guardadas en archivos clasificados que seguramente acompañan el "dossier" de varios dirigentes de la época, situación que se repite en cada manifestación de los deudores habitacionales, grupos étnicos y subcontratados.
En un mundo que ha alcanzado en poco más de 3 décadas un desarrollo tecnológico jamás visto por la humanidad, a la par que centenares de millones de sus habitantes sobreviven con menos de un dólar diario, la tentación de controlar los movimientos de la ciudadanía es grande. El poder, llámese Estado, gobierno, policías, empresarios o grupos fácticos, teme eventuales asonadas de los más desfavorecidos por sistemas neoliberales o directamente dictatoriales. En Francia, Grecia, Italia, Argentina y Chile, por mencionar sólo algunos países, estallidos sociales más o menos contenidos han hecho sentir su fuerza. Ese tipo de expresiones ciudadanas serán, a corto y mediano plazo, proporcionales a la inequidad y desigualdades existentes en cada sociedad.
Debido a lo anterior, aquellos países con acceso a tecnología continuarán destinando recursos que puedan proteger al poder, reiterando el error de no analizar en profundidad la génesis del descontento, que no es otro que la exclusión, falta de oportunidades, corrupción, mala distribución de los recursos, avaricia, codicia e injusticia social.
Por más cámaras de televigilancia que hayan, nunca podrán reemplazar la sanción social de una sociedad equilibrada, armónica, humanista y solidaria, y los detentores del poder estarán arrinconados en la habitación del pánico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario