Los despidos en la administración pública, luego de asumir Piñera, fueron justificados, en determinados casos, por la presencia en puestos clave de “operadores políticos” afines a la Concertación. Vale decir, personas que fueron acomodadas en determinados cargos para servir a los propósitos de quienes gobernaron durante los últimos 20 años.
Lo anterior no es nuevo, y la dictadura militar –sin el afán de buscar empates morales- atornilló a personas y legisló para dejar bien amarradito al poder a sus funcionarios, y quienes no continuaron ejerciendo cargo alguno, debido al perverso sistema binominal dejaron de ser comandantes en jefe de alguna de las ramas de las fuerzas armadas, presidentes o ex ministros de justicia para convertirse en senadores designados y/o diputados electos según ese sistema político aberrante, casi único en el mundo.
A 100 días de asumido el nuevo gobierno, comienzan a destaparse escándalos y develarse fraudes en distintos ámbitos, entre los que figuran más de mil 500 millones de pesos que, no por arte de magia, desaparecieron desde la intendencia regional de Valparaíso.
En ese contexto, hasta ahora ha habido un desfile de personeros –ex intendente De la Maza incluido- que han prestado declaración ante tribunales, y un solo culpable –autoinculpado- que se niega a decir quién le habría dado la orden de emitir/cobrar sumas de dinero que han ido a parar a quien sabe dónde.
Ese ex funcionario, acorralado por quienes investigan, señaló recientemente que “hay más personas involucradas”, mencionando entre otras autoridades al cuerpo de consejeros regionales.
Esos consejeros –que son nominados por sus respectivvos partidos políticos para ocupar cargos bien rentados, seguros y con amplia disposición de recursos- no representan el sentir de la mayoría de los ciudadanos de la región respectiva, sino más bien a los intereses partidarios, y no siempre son los mejores cualificados para ostentar ese poder.
Entre ellos, existen varios que han vivido y se han servido de la política desde hace al menos 20 o más años, sin contar con la experticia, los conocimientos, la vocación de servicio público ni los estudios y conocimientos mínimos para decidir en temas relevantes para la comunidad. Son operadores políticos de medio pelo. Y siguen allí.
Para muestra, varios casos, entre éstos un militante DC que sirvió bajo las órdenes de un alcalde en los 90, continuó apoyando a una diputada –que luego perdió su reelección- armó y desarmó equipos de trabajo y participó activamente en algunas de las “máquinas” de su partido, para luego ser llevado como representante de la Democracia Cristiana al Consejo Regional.
También hay otros que, luego de ser alcaldes y/o parlamentarios o asesores de senadores, hoy están como consejeros. También quienes, de diferentes tiendas políticas, obtuvieron su premio de consuelo y permanecen impertérritos mientras se suceden denuncias de malversación de fondos públicos.
Es de esperar que, una vez culminadas las investigaciones, los recursos desviados se recuperen y vuelvan a su cauce normal, en beneficio de las comunas que tanto lo necesitan; que los responsables reciban la sanción que merecen y que sus nombres nunca más figuren en la nómina de “servidores públicos” en ninguna instancia regional o nacional.
Si no se hace justicia, los más probable es que uno de los consejeros, que se jacta de dormir con “El Príncipe”, de Nicolo Macchiavello, bajo la almohada, continúe ocupando cargos públicos de importancia en la región, siguiendo al pie de la letra el manual de ese florentino que en 1513 dedicó el libro que transgredió los límites de la ética a Lorenzo El Magnífico.
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