Chile país injusto

Miles de empleados públicos, médicos, funcionarios del poder judicial, sindicatos y diversas agrupaciones sociales están en estos momentos en las calles demandando alzas salariales que les permitan paliar la inflación acumulada que rebasa el 9.5 por ciento. A lo anterior, previsiblemente, habrán de sumarse otros grupos que reclamen una mejor educación, estabilidad laboral o pensiones justas. La situación, sin duda alguna, contrasta con la pasividad con que la sociedad chilena ha actuado durante el último tiempo, alterada mínimamente por las demostraciones efectuadas por estudiantes de educación media y universitaria, deudores habitacionales y trabajadores subcontratados.
Los manifestantes, que se han dado cita en Valparaíso, pertenecen a esa gran masa que, en algún momento, apoyó los distintos gobiernos concertacionistas, algo así como la reserva electoral para las elecciones presidenciales de 2009, que hoy duda de continuar apoyando a ese conglomerado, facilitando de ese modo la asunción de un gobierno de derecha.
En ese contexto, y mientras la oposición insiste en su estrategia de "desalojo" del gobierno -esta vez sin rockets ni tanques- los políticos oficialistas parecen haberse dado cuenta demasiado tarde que todo tiene un límite. Por años, la clase política chilena ha logrado sortear con relativo éxito las dificultades de un país donde el 5 por ciento de su población gana hasta 40 veces más que el salario del 70 por ciento. Un país donde la salud pública no ha mejorado ostensiblemente, la educación de mercado es una burla para los más desposeídos, los sueldos que pagan las grandes empresas son irrisorios y las visitas al dentista u oculista son un lujo reservado a unos pocos. Sumemos a esos hechos los onerosos ingresos de los parlamentarios de todas las bancadas, los arreglines y prebendas, el desfile entre los altos cargos de empresas públicas y privadas de los mismos apellidos que han manejado los hilos de la política y la economía de Chile por largas décadas y la herencia de apetecidos cargos, que van de padre a hijo y a nietos. Como resultado tenemos a estas miles de personas en las calles y la constatación de que, históricamente, Chile es un país injusto con sus ciudadanos y ciudadanas.
Tanto en La Moneda como en el Congreso, las palabras equidad y justicia social, así como oportunidades iguales para todos se han convertido en frases de buena educación pero jamás llevadas a la práctica. Los políticos lo saben. Los empresarios lo saben. La Iglesia Católica, representada por el obispo Goic y otros cuantos curas progresistas lo advirtieron hace rato y el pueblo, ahora, lo reclama a gritos: ya no se puede seguir esperando. No es posible que en un país con poco más de 15 millones de habitantes, a dos años de cumplir 200 años de vida independiente, aún existan desigualdades como las descritas, donde un ser humano, dependiendo en que tipo de cuna nace, tenga su destino marcado para bien o para mal.
Chile, que hasta hace poco se jactaba de ser el jaguar de América Latina, no ha sido capaz, gracias, entre otros factores, a la mezquindad y miopía de su clase política y empresarial, de ofrecer una mejor calidad de vida a millones de almas que han cifrado sus esperanzas en cada gobierno. Si bien es cierto hoy, de cada 10 jóvenes que acceden a la educación superior, seis provienen de familias donde nunca antes hubo un profesional, también es cierto que esos jóvenes no tienen asegurada la llave que les permita romper el círculo vicioso de la pobreza pues no cuentan con otra llave más importante: el vínculo, el apellido o, en último caso, el chilenísimo "pituto", mal endémico nacional que subyuga, humilla y derrota a generación tras generación. Un hijo de obrero, procedente de escuela pública o "municipalizada", que logre concluir una carrera universitaria, tiene menos posibilidades que su par de colegio y hasta universidad privada, Este último ya viene con un bagage superior, no en inteligencia necesariamente, pero sí en contactos, formación y hasta alimentación, y en el jibarizado mercado laboral, donde el exceso de sicólogos, periodistas, secretarias "bilingues", ingenieros comerciales y otros profesionales, sólo pueden soñar con un puesto de trabajo quienes nacieron en la mejor cuna y cuyos vinosos apellidos les auguren un futuro esplendor.
Lamentablemente, la (mala) clase política no supo o no quiso advertir a tiempo lo que hoy se levanta como la punta de un iceberg que amenaza la subsistencia de la Concertación como alternativa de gobierno por los próximos años, aunque muchos de sus representantes no temen a los vientos de cambio pues se han asegurado cuantiosas fortunas en menos de 20 años. Saquemos algunas pequeñas cuentas. Un senador gana tanto dinero por año que equivale a sacarse el Loto acumulado al menos una vez y media durante un sólo período como legislador. Lo mismo un diputado, ministro, embajador o asesor de cualquier laya en algún cargo de relevancia.
Por su parte, la derecha, ha realizado un trabajo de joyería desde el mismo 11 de Septiembre de 1973, primero desprestigiando la política y a los políticos, luego farandulizándola y ahora haciéndola cada vez más populista y bananera, a tal punto que cualquier persona lance una candidatura apoyada en sus escándalos de discoteca, músculos, condición sexual o relación familiar de cierta connotación. Ello me recuerda que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y también que hay muchos que no se merecen ese tipo de gobierno o de políticos. Son los que saldrán a las calles en los meses venideros, cuando la crisis política y económica sea de tal magnitud que los 25 mil manifestantes que ocupan ahora las inmediaciones del Congreso Nacional en Valparaíso parecerán un grupo de scouts en Jamboree.