El asesinato a sangre fría de Manuel Gutiérrez, un niño de 16 años de edad, a manos de Miguel Millacura, suboficial de Carabineros, durante protestas ciudadanas convocadas recientemente, devela cuán distintas son las visiones de sociedad, de convivencia y de país que tenemos chilenas y chilenos dependiendo de la óptica de cada cual.
La tragedia que enluta a una modesta familia había sido anunciada en encendidos discursos de autoridades civiles y policiales. En el primero de los casos, tanto Sebastián Piñera, actual inquilino de Palacio, así como su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, y el subsecretario de la misma cartera, Rodrigo Ubilla, además de Andrés Chadwick, vocero UDI, habían señalado a los cuatro vientos que el “violentismo, los encapuchados, los hijos de hogares mal constituidos o huachos (en palabras de Lobos, intendente de la región del
Bío Bío), eran los causantes de tanto vandalismo, saqueos y desmanes conducentes, tarde o temprano, a un desenlace fatal”. Pues bien: hasta ahora, desde el bullado “caso bombas”, pasando por Saif Khan, ciudadano pakistaní ilegalmente detenido y erróneamente acusado de portar trazas de explosivos cuando ingresó a la embajada de Estados Unidos para realizar trámites consulares, ningún policía ha sido asesinado por aquellas personas sindicadas como terroristas por las autoridades en comento. Las únicas víctimas, además de Manuel, han sido jóvenes que, al manipular bombas caseras, han resultado lesionados, y uno de ellos, muerto.
El subsecretario Ubilla y su jefe, Hinzpeter, además de otras autoridades, han insistido en que la espiral de violencia es alimentada por odiosidades, revanchas políticas o, lisa y llanamente, delincuencia, haciendo caso omiso a temas de fondo que afectan a nuestro país.
En ese contexto, si bien es cierto ha sido el movimiento estudiantil el precursor de las protestas, la clase trabajadora, la ciudadanía en general, la juventud en particular y una vasta mayoría, sienten que la riqueza en Chile no sólo está mal distribuida, sino que también los numéricamente pequeños pero política y económicamente poderosos grupos empresariales son quienes se llevan la gran tajada dejando las migajas para el resto; que poderes fácticos manejan hilos invisibles abusando de sus prebendas, que la situación del pueblo Mapuche es vista, a nivel internacional, como una atrocidad y que el desprestigio de la clase política, subdividida en castas familiares, tocó fondo.
Lo anterior es invisibilizado por los medios de comunicación en general, salvo raras excepciones, y es allí donde cada vez, con mayor fuerza, periodistas y medios independientes comienzan a jugar un rol de vital importancia: cubrir e informar lo que no figura en las pautas del duopolio Mercurio-Copesa, canales de televisión y radioemisoras. Por esa razón es que, en forma solapada pero constante, el gobierno contrató a ciberespías que “monitorean” las redes sociales en busca de “inútiles subversivos”, como les llamó el senador designado y presidente de Renovación Nacional Carlos Larraín. Es más: las autoridades de gobierno han iniciado una campaña orquestada de desprestigio a las redes sociales, la que apunta a limitar el actuar de las mismas. El sistema creó su propio Frankenstein, Internet, producto de la paranoia de la Guerra Fría, y ahora no sabe cómo detenerlo, si no es por la fuerza, el control, la delación.
Hace un par de semanas, en Tottenham, hubo disturbios graves a causa de la muerte, a manos de la policía británica, de un joven de origen africano. Internet, Twitter y Facebook, entre otras redes, convocaron a masivas protestas que culminaron con al menos 5 víctimas fatales. De inmediato, el gobierno británico citó a representantes de esas plataformas digitales para buscar métodos que impidan el envío de mensajes o llamados a convocatorias. Un paso más, tal vez, a la concreción de “1984”, de Orwell. Volviendo a Chile, tanto El Mercurio como La Tercera, así como TVN y los demás canales de televisión, desempolvan una retórica que se identifica con el periodismo oficial durante la dictadura. Carentes de profundidad o análisis mayor, quien disparó a Manuel, quien ordenó reprimir, es “presunto”, “supuesto”, etc., y la responsabilidad es “individual”, no institucional; el asesino de uniforme y arma que todos costeamos, pasa de un día para otro a ser “ex”, “en retiro” o “desvinculado”, pero la oficialidad (a) o (r), mantiene sus áreas de influencia, han transitado del cuartel al Senado, son alcaldes e integrantes del gobierno.
Nada extraño que en los días siguientes, los dueños de la prensa y aliados del poder destaquen cualquier acto considerado violento y que provenga del mundo popular o estudiantil, ojalá con muertos, para lograr el empate moral que tanto gusta a la derecha criolla.
Seguramente que la deteriorada imagen gubernamental y policial obtendrá ayuditas comunicacionales; un lifting mediático que martille en las cabecitas chilenas que la policía lo hace bien, está al servicio de la ciudadanía, es un aporte de amplia gama y, además, uno de los pilares fundamentales de la Patria.
No faltan, tampoco, los políticos de una Concertación hilachenta que abandonan el barco para no naufragar con miras a las próximas elecciones, como Juan Pablo Letelier, quien señaló hace unas horas que la búsqueda de responsabilidades políticas, en el caso de
Hinzpeter, sería inconducente.¡Patético! ¿Aburrido/a con mi razonamiento? Espere, que hay más.
Con ocasión de hechos de violencia registrados en días recientes en Valparaíso, el general en jefe de la quinta zona policial, apellidado Pacheco, expresó ante la prensa un argumento insólito. El oficial preguntó a reporteros “¿les gustaría que carabineros actuara como en otros países?”. Debo suponer que se refería a las masacres perpetradas por sus homólogos sirios o libios. Mala comparación, general, pues de haber sido con sus pares de países donde el cuerpo policial cuenta con gremios, sindicatos, asociaciones libres, en donde policías debaten, reconocen abiertamente su homosexualidad y desfilan, hubiese sido distinto, pero su visión es, a lo menos, amenazante, carente de fundamentos inherentes a una democracia y hasta subversiva.
Mientras hubo dictadura, Carabineros de Chile, como institución, se granjeó la enemistad de una parte importante de la población civil debido a la represión ejercida durante 17 años. Tal percepción, con matices, varió a una suerte de reencuentro entre la civilidad y esa policía, hecho que quedó demostrado en parte debido a una depuración de ese Cuerpo en años recientes, dejando fuera a verdaderos delincuentes provistos de chapa y pistola. En innumerables oportunidades, la sociedad ha reconocido la parte positiva de la labor policial y, en otras, como en el caso de los crímenes de Matías Catrileo y de Jaime Mendoza Collío, también a manos de un carabinero que continúa en servicio activo, existe decepción, desconfianza y hasta sospechas de encubrimiento.
Durante las recientes protestas estudiantiles, fuerzas especiales han sido más parte del problema que de la solución, con embestidas brutales a quienes se manifiestan en las calles, arrojando gas lacrimógeno indiscriminadamente, intimidando y actuando de forma prepotente.
Al momento de escribir estas líneas, Eduardo Gordon, director general de Carabineros de Chile, ofrece una rueda de prensa en sus oficinas de calle Zenteno. Explica que sufrió un accidente vascular (no descompensación, como mintió al respecto la versión de relaciones públicas institucional).Abatido, el oficial reitera condolencias a la familia del niño Manuel Gutiérrez. Habla de tres principios básicos que rigen a la policía uniformada: legalidad, transparencia y verdad. A juicio de la mayoría pensante, objetiva y desprejuiciada, en este último acto de terrorismo institucional ninguna de esas reglas se cumplieron. Fue un acto ilegal y criminal. La PDI investigó pues Carabineros se negó a hacerlo, desmintiendo que de sus filas haya salido el disparo asesino. ¿Verdad? Algunos de los 9 funcionarios dados de baja tenían antecedentes de delitos en contra de los derechos humanos y, en un comienzo, se intentó ocultar la verdad, pero ante la abrumadora
evidencia, debieron adoptar medidas.
Creo que las declaraciones del general Gordon fueron previamente evaluadas, sopesadas y visadas por el gobierno de Piñera. Que en La Moneda están expectantes respecto de cómo la opinión pública recibirá las sanciones y medidas adoptadas, en particular cuando el movimiento estudiantil no da señales de agotamiento, por el contrario.
Es probable que la prueba de fuego –de no mediar otro gatillo fácil antes- sea este 4 de septiembre, cuando se realice el funeral popular del Presidente Allende, con miles y miles de ciudadanos y ciudadanas en las calles; así como el próximo 11 de Septiembre, con universidades y colegios tomados. Como fuere, dudo que el máximo jefe policial ponga su cargo a disposición, que es lo que corresponde en cualquier país que se precie de democrático y en el cual las instituciones armadas y policiales están supeditadas a la autoridad civil, también electa por la vía democrática, que no es el caso de varios parlamentarios en el Chile binominal, y cuya adicción a los gobiernos de Facto son ampliamente reconocidos.
El gobierno empresarial de Sebastián Piñera está entre la espada y la pared, y no tiene otra alternativa que escuchar el clamor estudiantil y popular si no quiere pasar a la historia como un gobierno que hizo las cosas bien en el rescate minero pero que también logró, en pocos meses, dividir a la sociedad en bandos prácticamente irreconciliables, con ministros, subsecretarios e intendentes que apagan el incendio con bencina debido a sus declaraciones.
Por último, Hinzpeter y Ubilla, entre los civiles, y varios uniformados, debiesen dejar sus cargos a la brevedad, caso contrario tendremos desencuentros para rato, y Chile hace tiempo dejó de ser un lindo país con vista al mar por donde transitaban impunemente la desmemoria, el desencanto y la indiferencia.
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