jueves, 30 de septiembre de 2010

Bronca

Hoy me desperté enojado. Será porque uno se cansa de darle vueltas y vueltas a determinadas cosas y, mientras pasan los días no pasa nada. Todo sigue igual, como estático; congelado en el tiempo.

Hace unos días hice un experimento social: grabé partes del matinal de TVN y de Canal 13 y luego, al llegar gente a un encuentro tempranero, puse esas grabaciones: ¡nadie se dio cuenta que estraba grabado!. ¡Daban por hecho que estaba en vivo! Los mismos comentarios insulsos de Bustamante (dizque periodista); y de Camiroaga, tan comedido, políticamente corecto, insustancial y estúpido como de costumbre (aunque, al parecer, ser estúpido en este país o periodista mediocre renta, pues los mencionados no ganan poca plata).

Por deformación profesional, hábito o curiosidad, mantengo desde hace décadas –antes de que Internet llegara al mundo- la costumbre de levantarme muy temprano y leer cuanto diario, revista o pasquín existe. Afortunadamente, me ayudan algunos idiomas que domino medianamente bien para hurgar lo que escriben plumas de otras latitudes y, al final de esa lectura, intento formarme una opinión respecto del hambre en Africa, la prepotencia genocida del gobierno de Israel, las elecciones turbias de Colombia (Locombia, como dice mi hermano Aníbal Tobón, que vive en Salgar, Barranquilla), el conflicto de las Coreas (que EE UU dividió en la década de los años 50); la crisis de la Eurozona, la situación de los Tamiles o la matanza de 250 mil focas bebés y cuanta información/desinformación haya en la blogósfera. En verdad, lo anterior no sirve para mucho más que amenizar alguna conversación en el bar donde degusto una cañita, dependiendo de la compañía.

Vuelvo a los noticiarios/medios de comunicación chilenos: “Chupete” Suazo se recupera. No se recupera. Pánico entre la hinchada. El presidente de la República eleva oraciones para que pueda jugar el 16 de junio (día de mi cumpleaños número 54, por si alguien quiere invitar una cañita o algo…). Aún no se sabe quién será el rey guachaca. Anita Alvarado promueve a su hija en Japón. El negro Piñera baila en Buenos Aires. ¿Baila?. Siguen floreciendo las mediaguas y las carpas para los damnificados por el terremoto. Lavín, ministro de educación, asiste a misa. Se da cuenta que la educación en Chile continúa generando ciudadanos y ciudadanas de segunda y tercera clase para servir a la clase a la cual él pertenece, perpetuando así el círculo vicioso.

Apago la tele y enciendo la radio. Busco en el dial y me parece que una nave o algo me lleva de vuelta a los años 60, 70 u 80: la misma música; idénticas canciones y cantantes. Las letras versan respecto del amor frustrado, el engaño, la decepción y el llanto fácil. Locutores/conductores no se dan siquiera el trabajo de analizar noticias: leen directamente de Internet o de algunos de los medios escritos, normalmente del duopolio Mercurio-Copesa…La Cuarta también es referida. Risitas y aplausos grabados. Apago la radio.

Enciendo otro cigarrillo y caliento el cuarto café de la mañana. Pongo una de mis canciones favoritas –antigua también- La marcha por la bronca, y me decido a convertirme en autista.

Jefe naval resucita en su discurso del 21 de Mayo frases de la Constitución elaborada por la dictadura

Durante la reciente ceremonia de conmemoración del 21 de Mayo, el presidente de la República esbozó los principales lineamientos de su gobierno, abordando distintas materias de interés público, y rescatando proyectos e ideas ya planteadas por los gobiernos concertacionistas, aunque no todas llevadas a cabo.

El jefe del Estado no omitió temas cruciales en lo valórico, tales como la no discriminación debido a opción sexual u otras, aunque otros planteamientos solamente revelan una retórica insustancial.

Sin duda que el gobierno intentará por todos los medios superar las metas alcanzadas por quienes le precedieron en La Moneda, para asegurarse una continuidad más allá de los 4 años.

Sin embargo, hubo algunos aspectos que llaman la atención en lo discursivo, en especial cuando éstos provienen de un oficial del más alto rango, como es el caso de Edmundo González Robles, comandante en jefe de la Armada de Chile, el mismo que expresó que “se había relajado” minutos después del terremoto y posterior maremoto que devastó a una extensa zona del país y se quedó en su casa, sin preocuparse de coordinar la presencia de algún representante de la institución que dirige -y que es costeada por todos los chilenos y chilenas y el producto del trabajo de miles de mineros- en dependencias de la Onemi el día de la catástrofe natural.

El jefe naval reiteró en parte de su discurso una frase que había sido retirada de la Constitución Política vigente, aquella que dice que “las fuerzas armadas y de orden son uno de los pilares fundamentales de la Nación y garantes de la libertad”; añadiendo que la Armada se compromete ante las máximas autoridades presentes con la reconstrucción del país.

Lo anterior no sólo recuerda el sello del pinochetismo y la dictadura que gobernó por 17 años a nuestro país, situando a las ramas castrenses y policía uniformada en sitiales exagerados respecto de sus verdaderas funciones, sino que también contradice las reformas efectuadas a nuestra Carta Fundamental –aunque pocas- por los gobiernos democráticos desde 1990 hasta la fecha, pues tal frase había sido excluida.

Por supuesto que el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, no se inmutó al oir ese dicurso, al menos no en público, pero sería importante que la actual oposición, entes y autoridades que corresponda, evalúen lo señalado por el marino, pues hay “señales” que, de no ser bien traducidas a tiempo, se convierten en tics con consecuencias impredecibles acerca del rol que le compete a quienes conforman las instituciones armadas.

Derecha chilena y justicia: la viga en el ojo ajeno

Cada cierto tiempo, la derecha y en particular la UDI, ventilan el caso de “extremistas” que participaron en el asesinato del senador Jaime Guzmán, y que una vez liberados de la cárcel, tras años de presidio, o evadidos de ésta tras protagonizar algunas de las fugas más cinematográficas que recuerde la historia penal chilena e internacional, han permanecido en calidad de prófugos de los tribunales de Justicia, residiendo en Europa, Cuba u otros países latinoamericanos.

Tales hechos han servido al denominado gremialismo para fustigar a los gobiernos concertacionistas “por no haber hecho nada para impedir esas fugas ni realizar gestiones tendientes a que esas personas sean extraditadas de vuelta a Chile y juzgadas”; según expresó recientemente uno de los discípulos del extinto fundador de ese partido, hoy en el poder.

Sin embargo, muchos de los que rasgan vestiduras por justicia y castigo a quienes dispararon contra Guzmán, en casos similares o aún peores hacen la vista más que gorda. A modo de ejemplo, está Juan Bulnes Cerda, uno de los que dispararon en contra del también asesinado René Schnneider Cherau, quien fuera comandante en jefe del ejército.

Este familiar directo del actual ministro de Justicia, Felipe Bulnes, al igual que la mayoría de sus cómplices, huyó del país una vez consumado el crimen, y no regresó hasta que obtuvo las garantías que le permitió el golpe militar de 1973. No obstante, otros de los confabulados permanecieron, por ejemplo, en Paraguay, donde misteriosas redes de nazis afincados en ese pequeño país, amparados bajo otra larguísima dictadura, la del general Stroessner, les ofrecieron protección y una vida más que cómoda y lejos de cualquier juez que pudiese amargarles la fiesta.

Negocios y política

Uno de aquellos es Rafael Eduardo Avilés Lambrie, quien abrió fuego contra el vehículo donde se desplazaba el general Schnneider aquél 23 de octubre de 1970. Avilés, quien ingresó a Argentina 20 días después del atentado y luego arribó al Paraguay de Stroessner el primer mes del año 1971, hoy reaparece haciendo noticia en el norte de ese país, al hacer un llamado para crear milicias paramilitares de corte fascista en contra de “la ofensiva marxista paraguaya y en el resto de América del Sur”, según declaraciones realizadas hace pocas semanas.

Ganadero acaudalado, el prófugo Avilés, hoy escudado en su cédula de identidad paraguaya que lleva el número 585.763 y quien estuvo, en su vida chilena, íntimamente ligado a Patria y Libertad, ha mantenido estrechos vínculos con la organización también de corte neofascista P-2, de Italia; militares golpistas de prácticamente toda América Latina y exiliados anticastristas cubanos de Miami, donde viaja con relativa frecuencia.

Otro de los asesinos del militar chileno, Guillermo Carey Tagle, miembro fundador del movimiento Patria y Libertad que lideró el hoy abogado y profesor de derecho Pablo Rodríguez Grez, actuó bajo las órdenes directas del coronel golpista Roberto Viaux Marambio, también se fugó al Paraguay y fue amnistiado por Augusto Pinochet Ugarte.

Si de tentáculos, contactos, relaciones políticas , económicas y familiares se trata, muchos de los actuales miembros del gobierno de Sebastián Piñera llevan la batuta, pues este Carey Tagle, en 1989, cuando la aerolínea estatal Lan se privatizó, se convirtió en copropietario, incrementando enormemente su fortuna personal y participando del saqueo a empresas del Estado que, al parecer, hoy vuelve a repetirse. Edelnor y otras propuestas del Ejecutivo así lo demuestran.

Para ir a casos más recientes, en donde la Udi, muchos ministros, parlamentarios y alcaldes proclives al gobierno de Piñera, como Ossandón, en Puente Alto, no escatiman esfuerzos ni ahorran palabras para exigir el retorno obligado de aquellos chilenos que atentaron contra Jaime Guzmán, dicho sea de paso ferviente admirador del cura Karadima, hoy acusado de pederastia, abusos y delitos sexuales, también esas mismas voces callaron cuando ese y otros sacerdotes cometían sus tropelías, o cuando los derechos humanos de miles de chilenos y chilenas, así como de ciudadanos de otras nacionalidades residentes en nuestro país eran violentados a diario durante 17 años.

No olvidar tampoco que el Opus Dei y Legionarios de Cristo, hoy intervenidos en muchos países del mundo por delitos de pederastia y abusos sexuales en contra de niños y niñas, fueron la banda sonora de la infancia y juventud de quienes hoy gobiernan Chile.

Antes de que sea tarde: justicia para el pueblo Mapuche

En 1981, y luego de más de dos meses en huelga de hambre, el joven irlandés Bobby Sands falleció de inanición en la cárcel donde purgaba una condena de 14 años por acusaciones de terrorismo. Semanas antes, había obtenido un cargo parlamentario que jamás pudo ejercer pues las autoridades británicas no le permitieron jurar debido a su condición de preso. La muerte de Sands despertó una ola de protestas internacionales que obligaron a Londres a acceder al petitorio de 5 puntos de quienes realizaban la huelga en cárceles irlandesas, puso en el tapete la situación de Irlanda del Norte y de su brazo armado, el IRA, y dio inicio a una serie de reformas legales que, con el correr de los años, han rendido sus frutos.

Casi tres décadas más tarde, en Chile, comuneros mapuches efectúan una prolongada huelga de hambre reclamando derechos ancestrales. La opinión pública chilena, en general, ha sido manipulada por los gobiernos de la Concertación y, ahora, por el gobierno de Sebastián Piñera, que utiliza a los medios de comunicació para desviar la atención de una realidad que se invisibiliza, pese al inminente riesgo de muerte de algunos de los comuneros cuyo estado de salud está cada vez más debilitado.

Apenas encendemos los televisores, los eternos “matinales” donde se entremezcla farándula, moda, deportes y la vida íntima de cualquier personaje, el torrente “noticioso” oculta una tragedia que, de no adoptarse medidas inmediatas, afectará a todo el país.

Por su parte, los noticiarios destacan el rescate de los mineros atrapados en Copiapó, el juicio contra una mujer que mandó asesinar a su ex pareja, contratando a un sicario, el baile de una perrita chilena en un show en Estados Unidos, o la participación de Piñera en Wall Street, junto a empresarios dueños de las mismas minas que hoy amenazan la vida de trabajadores chilenos y que han usufructuado de las enormes ganancias que ofrecen esos yacimientos.

Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo. La verdad es que la aplicación de una ley concebida en dictadura, y aplicada tanto en la década de los años 80 como en al menos dos gobiernos concertacionistas, representa fielmente el sentir de quienes se sienten dueños de Chile, tanto políticos como empresarios, que han utilizado a las fuerzas represivas y torcido a su antojo las leyes para apropiarse de tierras en el sur y perseguir a sus legítimos dueños, encarcelándolos, torturándolos y asesinándolos con total impunidad.

Las protestas no se han hecho esperar, pero recién en las últimas semanas forman parte de la pauta noticiosa de los medios de comunicación y motivaron una extensa pero estéril discusión en el Congreso Nacional, todo esto mientras los comuneros se debilitan aún más, pero sólo físicamente, pues su moral permanece tan altiva como hace 500 años.

Es hora de que la ciudadanía organizada actúe. Que ejerza presión y demuestre su rechazo a la ley antiterrorista y su adhesión a la causa del pueblo Mapuche, por la recuperación de su tierra y de su dignidad como Nación, con todo lo que ello implica, para obligar a las autoridades competentes a adoptar medidas de fondo, estructurales y definitivas.

Las horas siguientes, en términos médicos, son vitales para quienes se encuentran en huelga de hambre. No debemos esperar que el ejemplo de Bobby Sands, en la lejana Irlanda, se repita en Chile, pues sus consecuencias políticas, históricas, económicas y sociales causarán más estragos en el alma nacional que la destrucción provocada por el último terremoto. La causa mapuche es la causa de los oprimidos, de los despojados, de quienes han sido ignorados durante siglos, y que hoy nos golpean la conciencia.

Si un sólo comunero fallece durante la huelga de hambre, crecerá un ejército mixto de winkas y Mapuches que hará temblar los cimientos de este país, y a ese ejército adhiero.

El Mercurio sigue mintiendo… y avala al gobierno de derecha

En cuatro puntos se habría reducido la percepción ciudadana respecto de inseguridad. Lo anterior, según el Instituto Libertad y Desarrollo, “think tank” del Piñerismo y cantera desde la cual emergieron los ministros, subsecretarios, embajadores y otros tecnócratas que ocupan hoy cargos clave en el actual gobierno.

A cinco meses desde que asumiera la centroderecha y el pinochetismo, los medios de comunicación liderados por la cadena El Mercurio y Copesa, además de Mega, Chilevisión –propiedad del jefe del Estado- Canal 13 –hoy en manos, en un 67% del grupo Luksic, afín al empresariado más ideologizado del Cono Sur, y TVN –supuestamente la televisión pública, de todos los chilenos y chilenas- disfrazan realidades en beneficio del ejecutivo y omiten una parte importante de la realidad del país.

Porque, ¿quién se traga esa patraña acerca de la disminución de los índices de delincuencia e inseguridad ciudadana en Chile, donde las mismas injusticias, sueldos miserables, precariedad laboral e inexistencia de redes sociales que contengan a los más pobres hoy se acentúan más que nunca?.

¿Dónde publican diarios y canales de televisión algún tipo de información o investigación siquiera respecto del reciente fallo que devuelve a la familia del ex dictador, Augusto Pinochet, bienes inmuebles y dineros mal habidos?

Recuerda -guardando las proporciones- la reposición casi inmediata de alimentos de primera necesidad en negocios y supermercados horas después del golpe militar de 1973, luego de meses de desabastecimiento, que puso de rodillas al gobierno del Presidente Allende y facilitó la materialización de la intervención cívico-militar ese martes 11 de septiembre.

Con una campaña mediática bien aceitada, los medios de comunicación en manos de la derecha económica y política, socavaron la fe pública durante la Unidad Popular e hicieron lo mismo, muchas veces, mientras gobernó la Concertación, si bien es cierto que desde 1990 y hasta su derrota electoral de marzo útimo, el conglomerado del Arcoiris cavó su propia tumba debido a errores políticos, concesiones, en demasía, oportunismo, corrupción y reparto de cargos desde las cúpulas del Pdc, del Partido Socialista, el PPd, los radicales y otras tiendas que apoyaron los mismos rostros, apellidos y domicilios políticos durante 2 décadas.

¿Y los delincuentes de cuello y corbata?

La delincuencia, en cualquier parte del mundo, es un subproducto de la sociedad misma, y generalmente se menciona en la prensa cuando se trata de rateros, microtraficantes, lanzas y monreros, pero pocas veces aparecen en la prensa roja quienes se coluden en la industria farmacéutica para elevar precios de medicamentos que daña directamente a miles de personas; en las instituciones bancarias, cuyos intereses usureros destruyen la economía de un hogar o una microempresa; o grandes consorcios –mineros incluidos- que envían a la muerte a sus trabajadores subcontratados por el mero afán de lucrar, para no mencionar a inmobiliarias y constructoras, cuyos edificios y casas se vienen al suelo a pocos años de construidas sin que nadie responda.

Los delincuentes de cuello y corbata no están en esas estadísticas que hoy el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, ventila a los 4 vientos con todos los medios de comunicación a su disposición.

Cuando las policías bailan la música que sirve el gobierno, dando a conocer mayor eficiacia y eficiencia en circunstancias que en demasiadas ocasiones, antes de que asumiera Piñera, carabineros y detectives no acudían a llamados de la comunidad ni respondían a solicitudes de alcaldes o parlamentarios, dejando libre la cancha a quien asaltaba, hurtaba y vendía drogas en calles y plazas.

Por años, los canales de televisión, en sus emisiones diarias, daban a conocer un cuasi estado de guerra civil en Chile, repitriendo hasta la saciedad hechos delictuales y divulgando imágene s violentas que terminaron por convencer a una parte del eledctirado que la única vía pa escapar d etal ingfierno era cambiando de gobiermo. Aún así, los mismos parlamentarios y líderes concertacionistas, en una actitus sumisa e indigna, financiraon con avisaje y faclidades de tdo tipo a los mismos medios de comunicación que hoy les patea en el suelo.

Entre líneas, o cómo descrifrar a El Mercurio

En su edición de ayer domingo 23, el diario El Mercurio, abarca 3 temas que, a juicio de cualquier lector desprevenido, no involucra nada de fondo. Pero sí lo hace.

El primero tiene relación con un artículo de opinión firmado por Arturo Squella, joven parlamentario Udi que, un una extensa nota llena de resquicios, ambiguedades y tretas de leguleyo, intenta explicar porqué no todos los chilenos y chilenas que residen en el extranjero deben tener derecho a voto (leer mi artículo al respecto).

El articulista no oculta su desdén por aquellas personas que, siendo nacidas en esta parte del mundo, fueron obligadas por el hambre o la represión a abandonar el terruño.

Fiel a lo planteado por la derecha criolla, el piñerismo y, por cierto, El Mercurio, Squella aporta una serie de rebuscados ejemplos para no otorgar derecho a sufragio a los connacionales que viven fuera del país.

En otra nota breve, Agustín Edwards Eastman, dueño del medio en comento, es presentado como “presidente de la sociedad de criadores de caballos chilenos”, con lo cual no faltan –formalmente- a la verdad, pero sí omiten bastante del currículo de este personaje, como su vinculación con el golpe militar de 1973, sus “trabajitos” –remunerados, por cierto- Para la CIA norteamericana antes y después del golpe, así como su justificación del mismo en el mundo entero.

Por último, se hace mención a un proyecto que liderará Cecilia Morel, esposa del presidente Piñera, y que tiene relación con las orquestas filarmónicas infantiles y juveniles. Tal proyecto tiene sus raíces en la pasión que puso el profesor Jorge Peña Hen, a quien se menciona sólo de paso en el artículo.

Ese maestro, durante el gobierno del Presidente Allende –nótese que el único presidente a quien nombro usando una “P” alta o mayúscula es el doctor Allende- creó escuelas de música para niños y adolescentes, las primeras del país y de sudamérica, y permitió que la cultura recorriera hogares de niños pobres y que éstos salieran al mundo.

El Mercurio no profundiza en que Jorge Peña, a los 45 años de edad, fue sacado violentamente desde su lugar de presidio el 16 de octubre de 1973, cuando se hallaba detenido en el regimiento Arica de La Serena, y fusilado sin motivo ni juicio alguno por quienes integraban la tristemente célebre “Caravana de la muerte”, que dirigía el general Sergio Arellano Stark por órdenes de Augusto Pinochet, otro cobarde que se ocultaba tras las faldas de su mujer o en el hospital militar.

El periplo macabro acabó con la vida de 71 personas en el norte del país, y otras tantas en distintas regiones y ciudades.

El Mercurio calla, omite, miente y tergiversa.

Israel practica el terrorismo de Estado en contra de civiles desarmados

Muertos y heridos, además de personas virtualmente secuestradas y/o hechas prisioneras, fue el resultado de una operación militar israelí en aguas internacionales en circunstancias que la denominada “Flotilla de la paz” avanzaba camino a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

Comandos de la armada y tropas de élite se dejaron caer desde helicópteros artillados sobre al menos una de las naves que transportaban a centenares de miembros de ONG:s, profesionales de salud, voluntarios y pacifistas de distintas nacionalidades, quienes pretendían prestar apoyo en campos de refugiados palestinos y romper el bloqueo que Israel mantiene sobre ese lugar.

Inmediatamente de posarse sobre cubierta, comenzó la masacre. Los soldados dispararon a todo lo que se movía en las sombras, causando pánico entre quienes, desarmados, intentaban repeler el abordaje.

Por cierto que el gobierno de Tel Aviv se apuró en justificar el hecho, señalando que los civiles lesionados o muertos portaban armas y que habían atacado a los comandos, lo cual ha sido desmentido por algunos de los sobrevivientes, periodistas entre éstos.

El ataque, que causa indignación mundial, solamente fue objeto de una tibia declaración por parte del gobierno de Chile, el cual debió haber llamado al embajador chileno en ese país para que, al menos, informe de lo sucedido.

Israel, a todas luces, cometió un acto de terrorismo de Estado en contra de población civil, desarmada y que no representaba peligro alguno para ese país, y Chile debe protestar al más alto nivel, interrumpiendo negociaciones de libre comercio, acuerdos previos o en proceso con Israel.

No basta con palabras de buena voluntad pues son vidas humanas las que se perdieron y se atentó en contra de derechos fundamentales de las personas. Además, en otro desatino del gobierno chileno, es muy posible que se trate con guante blanco el tema del ataque a esas naves pero se siga creando enemigos entre la colonia árabe o entre musulmanes que ven con malos ojos el caso del pakistaní detenido y la benevolencia con que Chile trata a Israel.

Indulto bicentenario

Tal como en las vitrinas de aquellos negocios antiguos o bazares, la estrategia del gobierno de Piñera será entremezclar casos de personas que, por distintas razones, ameritarían un amnistía de acuerdo al llamado “indulto bicentenario”. Así pasan piola ante el país y justifican los indultos, apelando al “empate moral” impuesto en tiempos concertacionistas.

Nombres de militares y ex militares o policías; curas, empresarios, ciudadanos juzgados y encarcelados por motivos políticos o razones económicas, fraudes, estafas u otros ilícitos serán presentados ante la opinión pública.

Según el presidente de la República, se excluirá a reos que cumplan condena por narcotráfico, y se está a la espera de las “recomendaciones” de la iglesia católica antes de adoptar una decisión.

En ese sentido, no sería extraño que Piñera, arrinconado por la Udi y la llamada “familia militar”, libere a ex torturadores y violadores de derechos humanos, así estaría cumpliendo algunos de los compromisos adquiridos en reunión a puertas cerradas, durante la campaña, con la fundación pinochetista.

En cuanto a las acusaciones de abusos deshonestos - ¿cuáles serán los abusos honestos?, me pregunto- por parte de sacerdotes, es muy probable que casos como el de Karadima, queden en la impunidad, al “no haber pruebas suficientes”, escudándose en el secreto de confesión del cura o esgrimiendo leguleyadas como esa de distinguir si los abusados tenían 14, 19 o 24 años. ¡¿Qué carajo importa?!, digo yo, pues no estamos hablando de un hijo de vecino cualquiera que utilizó sexualmente a un menor, adolescente o adulto, sino que de los mismísimos representantes de una iglesia oficial, poderosa; que dicta cátedra respecto de la honestidad, el buen comportamiento. Que inculca –a sangre y fuego antes- “valores éticos y morales”. Que fustiga a la mujer y la ha obligado, por siglos, a obedecer, aguantar prácticamente todas las aberraciones posibles debido al pecado de nacer mujer. Que discrimina en forma feroz las opciones sexuales que se aparten de las que dicta el clero aunque al interior de conventos, parroquias, iglesias, catedrales y monasterios, así como en orfelinatos y escuelas pertenecientes al Vaticano, desde la era Borgia y antes, inclusive, las relaciones sexuales, consensuadas o no, han sido el telón de fondo de esa religión.

Hace algunas horas, Fernando Karadima, sacerdote “ejemplar, casi un santo”, a decir de la feligresía facistoide e hipócrita que acude a la parroquia de El Bosque, entre quienes destacan el alcalde Ossandón, de Puente Alto; dirigentes de la Udi y de Renovación Nacional, militares en servicio activo y en retiro y miembros del acual gabinete del gobierno de Sebastián Piñera, declaró ante el ministro que lleva la causa. Entre cafecitos, galletitas y agua mineral y una que otra interrupción, pues al pederasta de sotana le subía la presión, el cura dio su versión de los hechos, declarándose “total y absolutamente inocente de todos los cargos”.

Apoyado por integrantes de Acción Católica, institución fundamentalista de extrema derecha, afines al actual Papa y a lo más reaccionario del catolicismo nacional, Karadima optó por guardar silencio ante Armendáriz, juez que le interrogó por espacio de 5 horas, según El Mercurio, medio de comunicación coludido para echar tierra a esa y otras acusaciones contra personeros de su entorno ideológico.

No sería extraño que Karadima muera a causa de alguna enfermedad, o envenenado por los suyos, para evitar un juicio. Ya sucedió antes con otro Papa en Roma.

Ahora que se acerca septiembre y toda esa parafernalia patriotera, Piñera y su gobierno no dudará en aumentar “aguinaldos” y darle duro a las ramadas, las cuecas y el asado, para que la ciudadanía esté desprevenida y embobada cuando criminales de toda laya recuperen su libertado resulten absueltos.

Sergio Bitar y Fulvio Rossi allanan el camino de la derecha y de la socialdemocracia

En la ciudad más cosmopolita del mundo, Fulvio Rossi, actual presidente del Partido Socialista de Chile, junto a Sergio Bitar, del PPD, se sumó a las críticas, plasmadas en una declaración pública, en contra del gobierno de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, elaborada en el marco del encuentro de la Internacional Socialista.

De acuerdo a tal documento, la forma de gobierno de Chávez se asemejaría a una “dictadura moderna” o “democradura”, atropellando derechos humanos, encarcelando a disidentes y desviándose del denominado socialismo del siglo 21, entre otra variedad de acusaciones. En algún momento, para refrescar la memoria, Pinochet se refirió a Chile como una “dictablanda”.

Por cierto que El Mercurio, en su editorial de hoy domingo 27 de junio, alabó las palabras de los chilenos en esa jornada neoyorkina, destacando que ambos representantes de la recientemente derrotada Concertación mostraron “signos de modernización política y coherencia política”.

Consultado Bitar –quien ocupó distintos cargos en las administraciones del conglomerado que llevó las riendas del país los últimos 20 años, obteniendo, inclusive, premios de consuelo en forma de un ministerio tras perder la senaduría- expresó que “no podemos diseñar una política sobre la base de la nostalgia de los setenta”.

Lo que no dijo Sergio Bitar, cuya afinidad con sectores derechistas, al formar parte del directorio de fundaciones que llevan la impronta de lo más conservador del país, codo a codo con Agustín Edwards, es que mientras pudo usufructuó de prebendas y abultados sueldos, apoyado en esas nostalgias políticas de las cuales hoy reniega.

Paralelamente con las declaraciones de Rossi, quien lo menos que demuestra es encarnar ese recambio generacional al interior de su partido y más bien se allega al pensamiento socialdemócrata actual en Europa, René Cortázar y Enrique Correa, reconocido “lobbysta”, operador político y académico, se reunían con la oposición venezolana en Santiago, en el marco de las reuniones del Centro de Estudios del Desarrollo, ligado a la Democracia Cristiana.

Si bien es cierto pueden existir críticas fundadas respecto del modo en que el presidente Hugo Chávez maneja las circunstancias políticas de su país, hubiese sido esperable que la Internacional Socialista hubiese puesto énfasis en que el mandatario venezolano ha salido victorioso en 13 elecciones democráticas y un referéndum revocatorio, lo que tanto Rossi como Bitar, Correa y Cortázar no pueden decir respecto de su participación en la política nacional donde ocuparon cargos de alta responsabilidad y resultaron derrotados.

¿Qué nos pasa, ciudadan@s, que no despertamos?

¿Se ha preguntado usted, estimad@ lector@, porqué los medios de comunicación en general, y la televisión, en particular, muestran a las familias e hijos de los mineros atrapados en sus quehaceres diarios, a la espera de sus padres, hijos esposos, qué desayunan, cómo siente la esposa embarazada la ausencia de su marido, y la novia angustiada que aguarda el final feliz para contraer matrimonio con su pareja?

Seguramente, en las miles de imágenes que nos traen los matinales y noticiarios habrá usted llorado solidarizando con el niño hijo de minero –y probablemente condenado a seguir los pasos de su padre para sobrevivir, tal como lo hiciera su abuelo- que pregunta por su progenitor; muestra el último juguete que recibió en Navidad o relata, entre suspiros y sollozos, que hábiles editores de prensa saben manejar a la perfección, con música de fondo incluida, cómo su padre lo regaloneaba.

Tal bombardeo “informativo” apela directamente a lo emocional, cual copia de los testimonios de niños y niñas discapacitad@s en vísperas de la Teletón. Así, ¿quién no dona unos ahorrillos para tan noble propósito, sin cuestionarse siquiera que las megaempresas que explotan a miles de trabajador@s durante los 365 días del año, con salarios de hambre no desembolsan de su bolsillo onerosas dádivas sino que esos recursos los recuperan subiendo un peso por aquí y otro por allá al propio consumidor?

Lo emocional –tanto en lo que llaman amor como en la ira u otro sentimiento- es irracional, y priva al individuo de ejercitar su capacidad de análisis, mostrarse crítico, dubitativo o deliberante; y eso es aprovechado por sistemas políticos, dictaduras, gobiernos, poderes fácticos, empresas y creencias religiosas, entre otros, para manejar la mente de las personas. Es tanto el cúmulo de información que l@ ciudadan@s no tienen tiempo de detenerse a pensar, cuestionar, asimilar, digerir y expresar opiniones propias.

Durante los últimos meses, en el caso de Chile, hemos tenido hitos importantes. Desde un cambio de gobierno –no hablo de políticas económicas, pues no varían desde tiempos de Pinochet- pasando por terremoto, maremoto, accidente en la mina de Copiapó y, desde hace 80 días, una prolongada huelga de hambre de comuneros Mapuches.

En cada uno de esos sucesos, excluida la situación de los comuneros, lo emotivo, sensacionalista, amarillista e insulso ha primado por sobre lo verdaderamente relevante, pues más allá de declaraciones políticas variopintas en torno a la asunción de la derecha, en marzo, el énfasis se ha situado –a través de los medios de comunicación- en qué vestido usó la actual primera dama o cómo se enamoró del presidente.

En el caso del terremoto y posterior Tsunami, las responsabilidades políticas, mientras la Concertación aún estaba en el gobierno, se han ido diluyendo, así como la ineficiencia de la Armada, cuyo comandante en jefe debió renunciar y todavía ostenta su cargo; o el jefe de la fuerza aérea, cuyos helicópteros jamás llegaron a tiempo, pero sí quedó grabada a fuego en nuestra memoria la imagen de la bandera embarrada, las lágrimas del abuelo que buscaba en el mar a su nieto predilecto, el castizo acento del periodista Amaro Gómez-Pablo, cual policía, fustigando a pobladores u otras personas que aprovechaban el descontrol para llevarse harina, arroz o un plasma a su hogar. Jamás un cuestionamiento real a empresas constructoras que lucran con viviendas que se vinieron al suelo a meses de entregadas.

También nos recordaremos, por años, de la niñita –hija de un carabinero- que tocó la campana para advertir de la inminente llegada de la ola que acabó con la vida de isleños, pero no se investiga ni denuncia el abandono de esas personas, también chilen@s.

Todo lo anterior, forma parte de esa manipulación mediática, ya que nuestro cerebro está conformado de forma tal que almacena y oculta aquello que nos es desagradable, y destaca los “buenos recuerdos”, así como trabaja asociando ideas. De ese modo, Terremoto y maremoto igual bandera con barro; Don Francisco igual Teletón, igual ídolo, igual representante bicentenario en cápsula que se abrirá dentro de un siglo; Mineros atrapados lo relacionaremos con la novia que espera el niño que recuerda a su padre y la mujer embarazada de 3 meses, y no con la irresponsabilidad de los dueños del yacimiento, la explotación y la desidia de las autoridades.

¿Ha visto usted las lágrimas de niños y niñas mapuches y el temblor de sus cuerpos frágiles ante la irrupción, en sus modestas viviendas, de policías del Gope equipados como para una guerra nuclear?

¿Vio usted el terror en los ojos de ancianos mapuches golpeados y denigrados por esas fuerzas policiales y escuchó, entre sollozos, sus relatos?

¿Lloró usted junto a la madre de Matías Catrileo o de Alex Lemún, jóvenes mapuches asesinados por carabineros?; ¿oyó sus súplicas por justicia?. ¡No!, porque la televisión no mostró esas imágenes ni grabó entrevistas ni apeló a lo emocional, “humanizando” a los actores principales de un drama que se arrastra por décadas.

Para la inmensa mayoría de l@s chilen@s, la huelga de hambre de comuneros mapuches pasa inadvertida. A lo más, la relacionan con “indios terroristas vinculados a las Farc, descolgados del FPMR o simplemente extremistas”, que es la caracterización entregada por la televisión, El Mercurio y el gobierno.

Ellos, la Gente de la Tierra o Mapuches, son caricaturizados, estigmatizados e invisibilizados, y en caso que alguno de ellos fallezca de inanición, las imágenes que mostrará la televisión será de las manifestaciones, de la violencia que pueda desatarse como consecuencia de ese desenlace.

¡Marichiweu…!, pero con perros y todo

Más de 21 días en huelga de hambre en distintas cárceles del país llevan comuneros mapuche que reclaman, entre otras cosas, derechos ancestrales usurpados por el Estado chileno, latifundistas nacionales y extranjeros y empresas. Por tal razón, el día de ayer lunes 2 de agosto, se realizaron jornadas de apoyo a esos comuneros, principalmente en Santiago, Valdivia, Temuco, Concepción y también en Valparaíso.

En las calles del puerto, la cita fue convocada a las 18.30 horas, y pasadas las 19 horas comenzó a reunirse un pequeño grupo de manifestantes en la plaza Victoria. Al parecer, somos ingleses para algunas cosas nomás, no para cumplir horarios. Pero en fín, igual comenzó la marcha por Pedro Montt bajo un viento y frío que obligaba a caminar juntitos para allegar calor. Unas trescientas personas llegamos hasta las inmediaciones del Congreso Nacional, es decir, poquito antes, pues la autoridad policial, desde hace tiempo, instaló un límite a unas cuadras del elefante blanco para evitar que a los y las “honorables” se les recuerde que no representan a nadie más que a sus intereses particulares, de grupo y/o partido.

Quienes acudimos, éramos un variopinto grupo de personas de distintas edades, sexo, colores e ideologías, resguardados durante todo el trayecto por unos veinte policías de uniforme –algunos sapos habría también, pero no logré identificar a ninguno-, además de al menos 10 perros que, alegres y chillones, se sumaron a la protesta. Esos canes, estoy seguro, son los más ideologizados del planeta, pues participan de cada marcha, protesta y asamblea callejera que se realice en Valparaíso. Al parecer, no son sectarios, pues les he visto junto a los pescadores artesanales, a los estudiantes, a los periodistas despedidos de medios de la zona, a profesores y profesoras; a trabajadores en general y hasta desfilando, moviendo la colita, cuando esposas de carabineros con menos grados que ponche de cumpleaño evangélico, reclamaron sus derechos y fueron reprimidas brutalmente por los jefes de sus maridos.

Como decía, pese al frío reinante, marchamos y gritamos consignas, algunas mejores que otras; pocas, en todo caso. No sabría decir si por sequía creativa o porque la causa Mapuche no rima con el castellano.

Entre quienes fuimos, había -como suele ser- una decena de punkies y anarquistas; todos jóvenes, los cuales, desafiantes, gritaban a todo pulmón a centímetros del carabinero que iba escoltándolos.

Al llegar al punto donde terminaría el encuentro, una compañera que se identificó como de la etnia Huilliche realizó un discurso alusivo a la jornada, recordando a los weichafe caídos los últimos años en la lucha reivindicativa. En una suerte de abanico, rodeamos a la compañera para oir mejor sus palabras. La mayoría de los que estaban más cerca de la oradora eran esos jóvenes anarquistas y punkies.

La mujer Huilliche –flanqueada por al menos 3 mujeres adultas y niños mapuche, a juzgar por el atuendo, invitó a quienes quisieran a expresarse en torno al tema convocante. Entre la multitud, una voz pidió la palabra. Era un señor de algo más de 50 años que se presentó como miembro de una coordinadora Mapuche de Quilpué, ciudad al interior de la quinta región. Comenzó a hablar en Mapudungún. Aplaudieron los punkies. Nombró a los caídos y la urgencia histórica de recuperar tierras y ocupar fundos. Más aplausos y consigas a favor provinieron del grupo anarquista. Invitó a los jóvenes a sumarse a la lucha: como respuesta, el eslogan ácrata se oyó con fuerza: “¡ A destruir, toda autoridad, para que los Peñis vivan en paz”!. El orador quilpueíno, defensor de la tierra, de los organismos vivos, plantas, naturaleza y especies, se sintió ufano. Siguió hablando hasta que un perro intentó zanjar viejas disputas –ideológicas tal vez- con otro quiltro, y se armó la típica-casi patrimonionacionalpeleacallejera de perros-.

El representante de la organización Mapuche de Quilpué, exasperado, quizá porque la atención se la llevó la pela de canes, pateó a uno de los contrincantes para terminar el duelo y seguir hablando. Crasso error. Uno de los jóvenes punkies, que llevaba la voz cantante en las consignas pro Mapuche, antipako y anti Estado, saltó como un resorte: “¿qué te pasa con el perro, viejo, hueón..” . Llamó a los perritos, que le siguieron, y abandonó el mítin.

La lucha reivindicativa del pueblo Mapuche en Chile: lo que los medios de comunicación callan


Llueve en el sur. En la oscuridad del sendero y rodeado de una vegetación exuberante, un camión con acoplado, perteneciente a una de las empresas forestales que realizan faenas en la zona, avanza lentamente. De pronto, el conductor frena rápidamente. Un tronco de árbol impide el paso. Pocos segundos después, un grupo de unos 10 encapuchados, usando gorros pasamontañas, rodean el vehículo y obligan al asustado chófer a descender. Acto seguido, arrojan un artefacto incendiario a la carga, que es consumida por el fuego mientras a lo lejos el ulular de sirenas anuncia el pronto arribo de las fuerzas policiales que mantienen un férreo control al sur del Bío Bío. Los hombres desaparecen en la espesura no sin antes lanzar panfletos a favor de la autonomía de la Nación Mapuche y de la liberación del centenar de presos políticos pertenecientes a esa etnia recluidos en distintas cárceles chilenas. “¡Marichiweu”! –“100 años venceremos”, en lengua Mapundungún, exclama quien aparentemente es el líder del grupo.

Otra batalla silenciosa ha tenido lugar en el territorio ancestral que, según los Mapuches, pueblo originario de este país y de Argentina, les ha sido arrebatado por el “Winka” u hombre blanco, que no ha respetado acuerdos adoptados, a mediados del siglo 19, con la Corona Española, y que los sucesivos gobiernos locales han ignorado.

Sin embargo, este hecho pasa casi desapercibido para la mayoría de los 17 millones de habitantes de uno de los países con mayor índice de desarrollo humano y económico de América Latina: los medios de comunicación oficiales, incluyendo radio y televisión, no informan. Una suerte de cerco mediático se ha impuesto desde hace años en torno al conflicto que el actual gobierno de Sebastián Piñera heredó de su sucesora Michelle Bachelet, y ésta de los gobiernos anteriores.

Por estos días, cuando los interminables matinales de la televisión chilena, sus noticiarios, programas misceláneos y, en general, toda la prensa se encuentra hipnotizada con las peripecias de 33 mineros por sobrevivir a 700 metros bajo tierra, luego del derrumbe de una mina en las cercanías de Copiapó, norte del país, 32 comuneros mapuches, repartidos en cinco cárceles, cumplen 52 días en huelga de hambre. Los medios apenas consignan aquello.

En ese contexto, la red de información mapuche Mapuexpress, presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), acusando el silencio informativo guardado por los principales noticieros de la televisión frente a esa huelga de hambre que los presos políticos mapuches realizan desde el día 12 de julio.

Sergio Millamán, miembro del Equipo editorial de Mapuexpress, señala que “en ejercicio de la acción pública establecida en el artículo 40 bis de la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión, venimos en denunciar a los canales Televisión Nacional de Chile, Chilevisión, Megavisión y Canal 13 UC por infringir el artículo 1°, inciso final de la ley 18.838 en lo concerniente al deber de respeto al pluralismo y a la democracia, por los fundamentos de hecho y derecho que a continuación exponemos:

Que los noticieros Meganoticias (Megavisión) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas, Chilevisión Noticias (Chilevisión) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas, 24 horas (Televisión Nacional de Chile) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas; y Tele13 ( Canal 13 UC) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas omitieron informar acerca de la reunión sostenida entre la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y voceros de los 31 presos políticos mapuche en huelga de hambre desde el 12 de julio del año en curso, quienes pidieron a la Comisión que se derogue la ley antiterrorista que se aplica en la zona sur, así como el fin de la militarización de la Araucanía y apoyó el proyecto que modifica la justicia militar impidiendo el procesamiento de civiles, como es el caso de los comuneros enjuiciados.

Cerco mediático

Los diputados de esta Comisión se comprometieron a visitar las cinco cárceles y constatar la situación así como llamar la atención del Gobierno que se está cometiendo una violación sistemática de sus derechos, sobre la base de juicios ilegales con pruebas falsas y usando testigos protegidos para las condenas.

Durante la sesión se exhibió un video que demuestra que un testigo encubierto fue pagado para declarar en contra de un comunero, una práctica habitual del Ministerio Público para perseguir a los mapuches.

Asimismo, la Comisión resolvió modificar la ley antiterrorista, excluyendo los incendios, la asociación ilícita y la amenaza terrorista entre los delitos que contiene y también terminar con la aplicación de la justicia civil y la militar contra los comuneros en una suerte de dobles juicios como se realizan hasta ahora.

Esta reunión se realiza en el marco de las gestiones que los días 11 y 12 de agosto realizaron voceros y familiares de presos políticos Mapuche que desde el día 12 de julio iniciaron una huelga de hambre en los penales de Temuco y Concepción, a la cual se fueron sumando los presos políticos mapuche de las cárceles de Valdivia, Angol y Lebu, los cuales se encuentran en prisión preventiva, en el marco de procesos judiciales donde el Ministerio Público ha invocado la ley antiterrorista.

Los programas denunciados, omitieron de un modo absoluto la mención a la sesión indicada arriba. Este acontecimiento constituye un hecho noticioso pues representa la primera reacción institucional al prolongado ayuno de los presos mapuche. La medida de presión se enmarca en el contexto del conflicto que mantienen las comunidades mapuche con el Estado y las empresas forestales, denominado mediáticamente como “conflicto mapuche”.

La exclusión arbitraria de la pauta informativa del hecho descrito, constituye una abierta infracción a lo prescrito en el art. 1° de la ley 18.838, sobre el correcto funcionamiento de los servicios televisivos. En efecto, la ley define “correcto funcionamiento” como “el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación, a la dignidad de las personas, a la protección de la familia; al pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente; y, a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico.”

En general resulta esperable que los medios de comunicación otorguen una cobertura pluralista a aquellos temas que están presentes en la agenda pública. En particular, para las concesionarias de televisión, el principio del pluralismo se traduce en el deber jurídico de dar una cobertura a aquellos hechos relevantes socialmente, de un modo que permita a las audiencias estar bien informadas de los asuntos en debate.

La omisión motivo de esta denuncia, es arbitraria, es decir, no se funda en ningún criterio periodístico conocido que justifique negar el acceso a la información a las audiencias. Asimismo es preciso señalar que el silencio sobre un hecho que debió ser informado, constituye una negación radical del principio del pluralismo.

Sin perjuicio de ello, cabe consignar que las concesionarias denunciadas se han negado permanentemente en sus espacios informativos, a darle cobertura a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, no obstante que concurren elementos objetivos de relevancia, tales como el número de huelguistas, su duración, y las razones políticas que empujan dicho movimiento.

Desde esta perspectiva, el silenciamiento de un hecho social y político relevante por un canal de televisión, implica el establecimiento por la vía de los hechos de una severa limitación al derecho que le asiste a la comunidad de estar informada, deteriorando gravemente el sistema democrático.

Es un hecho público y notorio, que la mayoría de las personas se informa a través de los noticieros de las estaciones televisivas. La VI Encuesta Nacional de Televisión de 2008, elaborado por el Consejo que usted preside, arroja datos que ratifican esa realidad. El estudio concluye que un 74,7 % de los encuestados consume noticieros de televisión abierta “todos los días”. Asimismo, un 76% de los entrevistados declara consumir “todos los días” televisión abierta, opción que supera largamente a otros medios de comunicación como la radio e Internet.

Resulta pertinente citar este estudio ,el último realizado por el Consejo Nacional de Televisión, toda vez que la información contenida en él permite concluir que cuando las concesionarias de televisión recurren como práctica sistemática al silenciamiento de temas y actores, ello se traduce en que la mayor parte de los ciudadanos ignorará de modo absoluto hechos y procesos en desarrollo. De esta suerte, la televisión, en tanto medio de comunicación social, no sólo impide que los ciudadanos se formen una opinión acerca de las posiciones e intereses en juego, sino que además atenta contra el normal funcionamiento de un sistema que se pretende democrático.

El deber de eliminar todo tipo de prejuicios hacia los pueblos indígenas, es un deber tanto para el estado como la sociedad en general. Los medios de comunicación tienen un deber de respeto y de no discriminación hacia los pueblos indígenas, y la prohibición de difundir prejuicios contra los pueblos indígenas. El Estado a la vez es responsable de esta infracción al no sancionar la discriminación y difusión de prejuicios hacia los pueblos indígenas.

El no informar adecuadamente sobre el hecho en cuestión, y principalmente, el contenido de las demandas que reivindican los huelguistas, contribuyen a consolidar una visión sesgada de la sociedad hacia el pueblo mapuche, que finalmente se traduce en el fortalecimiento de prejuicio y una visión discriminatoria hacia el pueblo mapuche

Frente a la decisión de la corte de apelaciones de Concepción de acoger un recurso y dar lugar a la utilización de la fuerza por parte de gendarmería para inyectar por vía intravenosa a los Mapuche en huelga de hambre, los presos políticos Mapuche del Penal El Manzano aclaran que “frente a esta medida nos opondremos con todos los recursos a nuestro alcance tanto de tipo legal y de la resistencia corporal que podamos, aún a costa de exponer nuestras vidas si es necesario”.

Responsabilidad del gobierno de Michelle Bachelet

“Ningún gobierno –enfatiza el dirigente- ha querido abordar en serio nuestra demanda histórica y la solución más diplomática siempre ha sido la técnica del "parche" o arreglo temporal y la militarización de nuestro territorio. Las maniobras evasivas para seguir postergando el diálogo político lo único que hacen es comprimir más una situación que necesita de descompresión y que de no haberla significará la existencia de costos que ambos lados tendremos que enfrentar. Con esta acción de dignidad estamos llamando al gobierno a hacer uso del razonamiento, con esta huelga de hambre que es un componente más en esta "pacificación" nunca acabada (así como lo fueron hasta hace no mucho tiempo los "parlamentos" en territorio Mapuche) intentamos teñir con un poco de humanidad a un gobierno y un sistema que no la tienen”.

Efectivamente, el ex ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma fue quien promovió esta estrategia bajo el gobierno de Bachelet, pese a las críticas y condenas de Naciones Unidas. "Parece haber un constante ciclo de violencia", denunció entonces el relator de Naciones Unidas para temas indígenas de Chile, James Anaya, sobre el conflicto que tiene una data histórica.

Los mapuches, procesados por una ley antiterrorista que prohíbe excarcelaciones durante la investigación y permite condenas dobles, exigen un juicio justo y denuncian montajes de policías y fiscales. "Nuestro cuerpo es lo último que nos queda para protestar", dijo el líder de los huelguistas, Héctor Llaitul, desde la cárcel de El Manzano en Los Angeles, al sur del país. El nudo del problema es que los mapuches consideran, en base a antiguos títulos derechos sobre unas tres millones de hectáreas que les pertenecen en el sur del país, zona agrícola, forestal y turística. La mayoría de esos predios son propiedad de firmas administradas por los principales grupos económicos del país, que controlan más de la mitad del producto interno bruto chileno.

La posibilidad de un acuerdo, jamás logrado en la historia independiente del país, enfrenta la dificultad de que la etnia mapuche está fragmentada en 2.200 comunidades, sin un líder común.

Y es que el conflicto en comento no es nada nuevo. No por nada, los primeros españoles que llegaron al territorio de La Araucanía debieron afrontar una dura resistencia que se prolongó por más de 3 siglos, y fieles a su nombre, estas “gentes de la tierra” (Mapu significa tierra y che, hombres, personas), han defendido tenazmente su espacio vital.

El acuerdo con la Corona Española al que hacen referencia hoy los líderes del movimiento Mapuche, tuvo lugar en 1865, según el cual se respetarían los límites desde el Bío Bío hacia el norte, aunque una vez conformada la República de Chile, su ejército continuó combatiendo a este pueblo originario.

Los Mapuche no se identifican ni con la cultura, ni la lengua, ni las tradiciones ni con la propia religión de los “chilenos”, ya que aquellos basan su creencia en la Cosmovisión, que es equivalente a la biblia para un cristiano.

La leyenda, entre los cerca de 800 mil mapuches que habitan en Chile, señala que su origen tuvo lugar hace miles de años, “cuando Cai-Cai, la poderosa serpiente de mar, ordenó a las aguas invadir la tierra, ocasión en que Tren-Tren, igual de poderosa serpiente de tierra, hizo crecer los cerros para proteger a los Mapuche. Los sobrevivientes al gran diluvio habrían repoblado la tierra, emergiendo entonces los Mapuche, quienes ocuparon el sur chileno” y parte de la vecina Argentina”.

Cuando Salvador Allende llegó a La Moneda, en 1970, legisló para que se restituyera a sus legítimos dueños las tierras usurpadas por latifundistas y hacendados, hecho que se revocó una vez derrocado Allende e impuesta la dictadura militar de Augusto Pinochet, en 1973. A medados de los años 80, el gobierno militar permitió la entrega de grandes extensiones de territorio en el sur a empresas forestales y compañías multinacionales dispuestas a explotar la madera y recursos naturales existentes así como la instalación de centrales hidroeléctricas, inundando valles y áreas agrícolas.

Desde hace una década, la lucha Mapuche se ha intensificado y ya cobró la vida de 3 “Weichafe” (guerreros indígenas), todos asesinados por fuerzas policiales que mantienen militarizada esa parte del país. La primera víctima fatal, en noviembre de 2002, fue Alex Lemún, abatido en las proximidades de la ciudad de Angol, a la edad de 17 años. En 2008, el también estudiante Matías Catrileo fue objeto de una persecusión por parte de Carabineros, durante una refriega. Murió a causa de un certero disparo en la cabeza y, en agosto recién pasado, fue el turno de otro joven Mapuche, Jaime Mendoza Collío. Por su parte, pese a manifestaciones y protestas cuya violencia ha ido en aumento, ningún civil o policía ha resultado muerto producto de ataques de la etnia.

Vasco y chilena acusados de terrorismo

Al respecto, uno de los “Werkenes” o voceros Mapuche, ha informado que las balas de la policía han herido de gravedad a niños y adultos durante allanamientos practicados frecuentemente a distintas comunidades.

Como una forma de mitigar el conflicto, el Estado ha adquirido, a muy alto precio, miles de hectáreas que estaban en manos de hacendados muy acaudalados, haciendo posteriormente entrega de una parte de esas tierras a comuneros Mapuche, quienes las reciben en calidad de “títulos de dominio privados”, lo cual es mal visto por las comunidades.

Cada cierto tiempo, las ciudades y pueblos del sur de Chile sirven de escenario para batallas campales entre jóvenes Weichafes y policías armados hasta los dientes. Los primeros utilizan sus tradicionales “chuecas” y boleadoras con las que arrojan piedras a los uniformados que responden con balines de goma y proyectiles de guerra, además de gas lacrimógeno..

Observadores internacionales, así como instituciones vinculadas a derechos humanos, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y representantes de la Unión Europea, han elevado sus protestas en contra de los sucesivos gobiernos en Chile debido al asedio y hostigamiento permanentes de que son víctimas los Mapuche, situación que tiene escasa o nula difusión en el país, con excepción de medios de comunicación alternativos en el ciberespacio.

La documentalista chilena, Elena Varela, quien estuvo presa y luego fue absuelta de acusaciones de terrorismo, acusa que “el Estado oculta la verdad a los medios de comunicación extranjeros y tergiversa los hechos para mostrar un rostro amable a los inversionistas”, añadiendo que “en Chile el mestizaje es algo que solamente se utiliza en los textos escolares y en determinadas festividades donde se le rinde tributo al Mapuche, aunque en la realidad se les discrimina”.

Extranjeros que de una u otra forma han adherido a la causa Mapuche han sido expulsados del país o encarcelados, tal como el caso del escritor vasco Asel Luzarraga, que enfrenta un juicio por supuesta participación en atentados incendiarios en contra de empresas forestales.

El cerco mediático impuesto, e incrementado aún más con la tragedia minera en el norte, que ocupa todos los espacios de la prensa oficial, ha sido levemente resquebrajado con protestas de estudiantes, trabajadores y sindicatos, y el gobierno de Piñera, temeroso de que alguno de los huelguistas Mapuche fallezca durante el ayuno en alguna de las cárceles, ha optado por entablar una mesa de diálogo tendiente a terminar con la huelga de hambre.

Por su parte, las organizaciones Mapuche han exigido el término de la aplicación de la llamada Ley Antiterrotista y de la militarización de los territorios en conflicto, y han informado estar dispuestos a un diálogo sólo si el gobierno accede a deponer su actitud belicista.

La Ley Antiterrorista, legislación diseñada durante la dictadura militar para resguardar el orden interno, permite encarcelar por 10 o más años a cualquier ciudadano sobre el cual recaigan sospechas de actos que atenten contra la seguridad pública. El problema, según los afectados por esa legislación, es que se han comprobado montajes policiales, del Ministero Público y de fiscales militares para inculpar a comuneros inocentes, incluyendo niños, pues dos menores de edad se encuentran encarcelados en la comuna de Chol Chol, en el sur, sindicados como autores de incendios de carácter terrorista.

Bajo ese marco jurídico, familias enteras han debido soportar largas penas de presidio, como los integrantes de la familia Calfunao, detenidos en distintas cárceles desde 2006, y quienes se han convertido en símbolos de la lucha indígena por la autodeterminación.

Juana Calfunao, cuyo esposo e hijos purgan condenas en otros recintos, desafía a la autoridad vestida con su atuendo ancestral y exige la devolución de tierras para el Mapuche. “En Chile –dice- la democracia para nosotros sólo existe en el papel, y nosostros no tenemos nada que celebrar en este bicentenario de falsa independencia y de terrorismo de Estado”.

La resistencia Mapuche, en los últimos años, se ha reflejado, por ejemplo, en la quema de tractores, maquinaria agrícola y camiones de las empresas forestales afincadas en el sur, y también en un atentado de alta connotación pública, con escopeta, en contra de una caravana de automóviles donde se desplazaba un fiscal que lleva causas contra mapuches, policías y empresarios.

En Chile, cuyos índices de crecimiento económico y humano permitirán situarlo entre los países desarrollados, un 14 por ciento de su población de casi 17 millones de habitantes vive en la pobreza; la redistribución del ingreso es una de las más injustas del mundo y un puñado de familias es propietaria de grandes empresas.

La Constitución Política del Estado es, en gran medida, herencia de la era Pinochet, pese a maquillajes realizados durante los 20 años en que gobernó la Concertación de Partidos por la Democracia, derrotada en marzo último por la derecha neoliberal, hecho que desmotiva a una gran parte de la ciudadanía, en particular a la juventud, a desligarse de la política.

Un 30 por ciento de la etnia Mapuche ha emigrado del campo a la ciudad, huyendo de la miseria y la represión, para terminar viviendo hacinados en la periferia de Santiago, Concepción y otras urbes, donde sigue siendo discriminados y subsistiendo en condiciones precarias.

Los “Peñis” (hermanos), han comenzado a organizarse y el Mapudungún, su lengua ancestral, se oye cada vez más en las aulas universitarias, en los colectivos anarquistas o de izquierdas y entre los intelectuales que apoyan sus reivindicaciones, aunque esta lucha de siglos, como plantea José Bengoa, antropólogo, historiador y filósofo chileno, sea desigual pues plantea que “esta es una historia acerca de la intolerancia; acerca de una sociedad que no soporta la existencia de gente diferente. De un país español, criollo, europeo, cristiano occidental, que se dice civilizado y trata de acabar con los bárbaros, los salvajes, los hombres que deambulan libremente por las pampas y cordilleras del sur del Continente.

Ellos se defendieron del salvajismo civilizado; hicieron lo que pudieron, vivieron como mejor supieron, pelearon hasta el cansancio y terrminaron por morir y ser vencidos por el progreso”.

Operación Albania: Nadie está olvidado...

Alvaro Corbalán Castilla, jefe operativo de la siniestra CNI, se comunicó con su superior directo, el general Hugo Salas Wenzel, quien dirigía ese organismo creado por Augusto Pinochet Ugarte y sus cercanos, y ante quien respondía la unidad represora de la dictadura. ¿”Qué hacemos con ese asunto” –inquirió Corbalán por teléfono. Salas Wenzel se hallaba en el despacho de Pinochet y no dudó: “proceda”, fue la escueta respuesta.

El “asunto” era un grupo de 7 jóvenes militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez detenidos previamente en distintos puntos de Santiago y que, tras haber sido torturados e interrogados, habían sido dejados prisioneros en el cuartel Borgoño, cuyo jefe máximo era el propio Corbalán Castilla, secundado por el capitán de Carabineros Iván Quiroz Ruiz.

En ese recinto militar se hallaban José Joaquín Valenzuela Levi, Esther Cabrera Hinojosa, Ricardo Silva Soto, Ricardo Rivera Silva, Manuel Valencia Calderón, Elizabeth Escobar Mondaca y Patricia Quiroz Nilo.

De ese modo, se iniciaba una masacre que los medios de comunicación de la época, en junio de 1987, encubrieron por años, y que costó la vida de 12 chilenos y chilenas, y que gracias al coraje de los familiares de las víctimas y del apoyo prestado por décadas por el abogado Nelson Caucoto, así como el trabajo de los magistrados Milton Juica y Hugo Dolmestch, la opinión pública conoció como “La matanza de Corpus Christi u Operación Albania”.

El proceso de aniquilamiento de opositores al gobierno de facto se había reforzado tras el intento fallido de ajusticiar al general Pinochet, en septiembre del año anterior, y centenares de agentes del régimen, entre los que se incluían carabineros, detectives, civiles y militares, intensificaron las acciones para detener a sospechosos de actividades contrarias a la Junta Militar.

Entre el 15 y el 16 de junio de 1987, y por espacio de 72 horas de terror, Patricio Acosta, Julio Guerra, Wilson Henríquez, Juan Henríquez, Patricia Quiroz, José Valenzuela Levi, , Esther Cabrera, Ricardo Rivera, Elizabeth Escobar, Manuel Rivera, Ricardo Silva e Ignacio Recaredo Valenzuela Pohorecky, fueron asesinados con más de 100 tiros, en acciones atribuidas a falsos enfrentamientos. Salvo en una ocasión, dónde sí hubo respuesta armada por parte de los frentistas.

En la calle Varas Mena 417, en Maipú, donde vivía Cecilia Valdés junto a su hijo de 2 años de edad, Juan Waldemar Henríquez y Wilson Henríquez Gallegos, ofrecieron dura resistencia permitiendo la huida de una decena de compañeros y compañeras que estaban en ese inmueble al llegar la CNI y un amplio operativo para allanar el lugar.

La mañana del 15 de junio, Ignacio RecaredoValenzuela había sido abatido en calle Alhué, comuna de Las Condes, a pasos de la casa de su madre. Sus victimarios le pusieron una granada junto al cuerpo, una vez acribillado a tiros, para que los diarios pudiesen fotografiar las “evidencias”.

Ese mismo día, Patricio Acosta Castro fue asesinado por el capitán Francisco Zúñiga y quienes le acompañaban, algunos de los cuales se dieron el tiempo de rematarlo en el suelo para posteriormente colocar junto al cadáver un gorro pasamontañas y un revólver.

En calle Varas Mena, en tanto, los primos Henríquez se habían parapetado en un techo desde donde repelían el ataque de los policías, agentes y militares, oportunidad en que Cecilia y otro grupo de frentistas logró escabullirse, siendo atrapados en casas vecinas y llevados a centros de tortura.

En un momento, el tejado cedió bajo los pies de Juan Waldemar Henríquez, quien cayó herido a un patio anexo, hasta donde llegaron los efectivos de la CNI disparándole más de 21 balazos.

En Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa, habitaba Julio Guerra Olivares, quien era intensamente buscado por los organismos de seguridad debido a su participación en el frustrado atentado contra el general Pinochet. Los vecinos del block 33, en el dúplex 213, sintieron un estruendo al filo de la medianoche: se produjo en el instante en que el agente de la CNI, Iván Cifuentes, forzó la puerta y lanzó hacia el interior del departamento una granada de humo. Acto seguido, un segundo represor, Fernando Burgos, provisto de una máscara antigas, ingresó a la vivienda. Julio Guerra se había refugiado en el baño para escapar del humo. Recibió 4 certeros impactos de bala. Su cadáver fue arrastrado hasta una escalera. Al momento de su muerte estaba desarmado.

Pasadas las 5 de la madrugada del día 16 de junio, quienes estaban en el cuartel Borgoño fueron conducidos vendados, descalzos y con sus manos atadas a la espalda, hasta la casa deshabitada ubicada en calle Pedro Donoso 582, comuna de Conchalí. El lugar había sido escogido previamente por el capitán Francisco Zúñiga quien, según declaró años después ante los jueces que llevaron la causa, recibió la orden de parte de Corbalán Castilla, el que a su vez la recibió de Salas Wenzel y éste… de Pinochet.

En sucesivas declaraciones ante la justicia, realizadas en 2006 y 2007, el sargento Iván Quiroz –uno de los responsables de reunir al grupo de oficiales que debían asesinar a los jóvenes- culpó a Zúñiga, quien sindicó a Corbalán Castilla que acusó a Salas Wenzel…

Apenas comenzó a aclarar, la casa de calle Pedro Donoso estaba rodeada por un centenar de agentes. En su interior, repartidos en distintas piezas, pasillos y la cocina, los militantes del Frente Patriótico permanecían con la vista vendada y las manos atadas. De pronto, se escuchó caer un pesado ladrillo sobre el techo: era la señal para que quienes estaban en el exterior comenzaran a gritar y dipasrar sus srmas al aire, simulando un enfrentamiento.

En cosa de minutos, nuevamente el silencio. Desde los siete cuerpos jóvenes inertes, corría sangre, mientras Corbalán Castilla y sus hombres montaban la escena a la espera de los periodistas, dejando cerca de los cadáveres armas recogidas el día anterior desde el cuartel Loyola.

Cuando un médico revisó el cuerpo del joven Ricardo Silva Soto, descubrió que las palmas de sus manos presentaban heridas de balas, en un vano e instintivo intento de protegerse de los disparos mientras yacía en el piso. Había recibido 10 tiros a quemarropa.

Aunque han transcurrido los años y solamente algunos de los responsables de esas ejecuciones sumarias pagan con cárcel sus crímenes, quienes conocimos a algunas de las víctimas y a sus familias sabemos del profundo dolor causado, por lo cual exigimos justicia pues nadie está olvidado.